POLITICÓN: En Torreón, el diálogo se rompió... o quedó cuarteado

I. VERSIONES

Lo ocurrido ayer en la Perla de la Laguna, con la disolución/reforzamiento del Grupo de Reacción Torreón (GRT), va mucho más allá de la agenda de seguridad pública en el municipio más importante de aquella región. ¿Por qué decidió el alcalde poner a escoger a los integrantes del citado grupo de élite a qué orden de gobierno preferían pertenecer? Solamente los involucrados en el desencuentro lo saben a ciencia cierta, pero sin duda se trata de un asunto que debe analizarse con sobriedad y tratarse con la mayor frialdad por parte de quienes tienen la responsabilidad de resolverlo: Secretaría de Gobierno de Óscar Pimentel y Secretaría de Seguridad Pública de Federico Fernández.

II. RESTAURADORES

Del lado del Gobierno de Coahuila, Pimentel González y Fernández Montañez deben ocuparse, en primerísimo lugar, de garantizar que el esquema de seguridad siga operando y no se abra ninguna brecha que la delincuencia -organizada o no- pueda aprovechar. Pimentel tiene además la tarea de calmar las aguas y restablecer el diálogo que, a todas luces, ayer se rompió... o quedó muy cuarteado.

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III. OTROS PLEITOS

El saldo inicial de la confrontación, al menos hasta anoche, parecía colocar al munícipe de Torreón con el marcador en contra, pues incluso la oposición más importante del Estado -la que encabeza Diego del Bosque- no parecía interesada en beneficiarse del encontronazo entre el Estado y el Municipio, sino al contrario: se mostró partidaria de la posición del gobierno estatal. Mucho parece influir en esa postura el pleito que el legislador local Antonio Attolini trae desde principio de año con el alcalde lagunero. Habrá que seguir de cerca, sin embargo, la evolución de esa arista del culebrón estrenado ayer.

IV. LO ESPERADO

A pesar de las disputas políticas, la ciudadanía espera la continuidad de la paz reciente en Coahuila. Mientras estados vecinos enfrentan descontrol, este conflicto local envía un mensaje negativo. Los encargados estatales aseguran que la seguridad está garantizada. ¿Por qué alterar lo que funciona? La prioridad debe ser mantener la estabilidad lograda. La seguridad no puede ser rehén de rencillas políticas. En tiempos turbulentos, la unidad en seguridad es más relevante que nunca.

V. DEMANDAS LABORALES

El caso de los adeudos de la alcaldesa Tania Flores, en Múzquiz, parece arrastrar complicaciones adicionales. Los que leen entre líneas dicen que además de las deudas de campaña, la administración municipal emprendió una “operación castigo”, despidiendo a trabajadores que supuestamente no apoyaron su fallida reelección. Esta acción ha desencadenado una ola de demandas laborales ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. La situación no solo refleja posibles represalias políticas, sino que también augura un panorama financiero complicado para el municipio.

VI. LASTRE

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje enfrenta una carrera contrarreloj para resolver las demandas laborales contra el Ayuntamiento de Múzquiz. La preocupación radica en que los montos por pagar a los trabajadores despedidos injustificadamente podrían heredarse a la siguiente administración. Este escenario podría representar un desafío financiero considerable para la futura alcaldesa, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, quien iniciaría su gestión con un lastre económico significativo.

VII. ¿ALENTANDO?

En una exposición de arte que se llevó a cabo en la explanada de la Facultad de Jurisprudencia, llamada “Publicando para Luchar”, se vio al director de dicha institución, Alfonso Yáñez Arreola, con el líder de los estudiantes que mantuvieron bloqueado Venustiano Carranza en febrero pasado, e incluso entre las obras expuestas se pudo ver una con consignas en contra de la Rectoría y a favor de este movimiento, por lo que algunos se preguntan si no estará Poncho alimentando los procesos de protesta en contra de la Rectoría de la UAdeC, sobre todo porque dicho evento fue encabezado por él, que dio el discurso principal.

VIII. HALLAZGOS

Sobre el caso de la auditoría de la Facultad de Jurisprudencia, y los rumores sobre observaciones financieras en la gestión de Yáñez Arreola resultaron ser ciertos. Sin embargo, la suma investigada asciende a más de 17 millones de pesos, superando los 15 inicialmente mencionados. La facultad ahora enfrenta el desafío de justificar y comprobar estos gastos, lo cual se prevé complicado dada la magnitud de los hallazgos encontrados. Veremos...

IX. DESDÉN ECOLÓGICO

La protección de la sierra de Zapalinamé, dicen los enterados, es una asignatura que debe retomar a la brevedad posible la dependencia que dirige Susana Estens, pues una de las tareas más importantes que se realizaba hasta hace unos años, consistente en mantener una vigilancia estrecha sobre cualquier intento de concretar asentamientos irregulares, fue abandonada en algún momento de la administración de Miguel Riquelme. ¿Por qué ocurrió eso? Los entendidos dicen que despejar esa incógnita es lo de menos. Lo de más es recuperar el monitoreo y evitar que, como ya ha ocurrido, de pronto aparezcan edificaciones por encima de la cota 1800.