POLITICÓN: Saltillo: ¿Lograrán operativos contener el conflicto en el Centro Histórico?

I. POLÍTICA PÚBLICA AUSENTE

En Saltillo, comprar una casa ya no está al alcance de la mayoría. Hoy, sólo el 8.8 por ciento de las personas trabajadoras puede acceder a una vivienda nueva, considerando que la más barata ronda los 850 mil pesos y exige ingresos cercanos a los 25 mil pesos mensuales. Para el resto, simplemente no hay forma. Este es un tema que debería ocupar a la autoridad estatal, en particular al secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el hijo de Mary Telma Guajardo. Porque así, la vivienda deja de ser un derecho y se vuelve un privilegio.

II. OBRAS Y VOTOS

En Monclova ya se presentó el plan de obras para 2026, con una inversión superior a los 71 millones de pesos, enfocada en agua, drenaje y pavimentación. El alcalde Carlos Villarreal puso sobre la mesa un paquete que atiende necesidades básicas y visibles para la población. Hasta ahí, todo es normal. Sin embargo, nos dicen los enterados que este tipo de proyectos también tiene otra lectura: la electoral. Porque en un año clave, la obra pública no sólo mejora servicios... también suele influir en el ánimo ciudadano. Veremos.

III. PRIMER PASO

Y otra de las apuestas que puede tener impacto en lo electoral es el plan de transporte público del Ayuntamiento de Saltillo. El alcalde Javier Díaz anunció que el próximo 20 de abril entrará en operación la ruta RS-714, la primera alimentadora del sistema, conectando Mirasierra con Saltillo 2000. Además, en mayo se sumarán dos rutas más. El proyecto empieza a tomar forma en un tema que por años estuvo pendiente. Ahora habrá que ver si logra traducirse en una mejora real... y también en percepción ciudadana.

IV. PRUEBA LOCAL

El proceso electoral que está en marcha, en el cual se renovará el Congreso del Estado, también es visto como una prueba para los alcaldes en funciones. Nos dicen que en el caso del PRI, de Carlos Robles –quien preside, dirige y manda–, el foco estará en municipios clave como Monclova, Saltillo y Torreón. Los resultados que ahí se obtengan permitirán hacer una lectura rumbo al 2027, pero también medirán el peso político de quienes buscan reelegirse o mantenerse vigentes en el escenario público.

V. ORDEN EN EL CENTRO

En medio del conflicto entre vecinos y dueños de bares y restaurantes del Centro Histórico, el Ayuntamiento de Saltillo intensificó los operativos de verificación en la zona. Nos dicen que la intención es revisar aforos, documentación y niveles de ruido, en un esfuerzo por poner orden en un tema que ya escaló en el debate público. Bajo la coordinación del director del Distrito Centro, Roberto Rojas, participan varias dependencias municipales. La autoridad empieza a hacerse presente. Ahora habrá que ver si esto logra bajar la tensión.

VI. REACTIVACIÓN

Y hablando de restaurantes, la CANIRAC Región Sureste, encabezada por Isidoro García, anunció la edición 2026 del Coahuila Restaurant Week, que se llevará a cabo del 26 de abril al 3 de mayo con la participación de cerca de 70 establecimientos. La apuesta es mover la economía local en temporada baja y posicionar la oferta gastronómica del estado. En un sector que a nivel nacional ha reportado una disminución, este tipo de eventos representa una oportunidad para reactivar el consumo y dar impulso a la industria gastronómica.

VII. MEZCLA RIESGOSA

El Senado aprobó una nueva ley impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para promover el financiamiento mixto en proyectos de infraestructura, en medio de la caída de la inversión pública. El objetivo del gobierno es atraer capital privado sin perder el control del Estado. Sin embargo, el debate no tardó. Desde la oposición advierten que se abre la puerta al uso de recursos de las Afores y a esquemas que recuerdan a modelos del pasado. Mientras unos hablan de desarrollo, otros ven riesgos financieros.

VIII. PRESIÓN EXTERNA

Desde Estados Unidos vuelve la presión, ahora por el caso de la mina Camino Rojo en Zacatecas. Tras un fallo del panel laboral del T-MEC que resolvió a favor de Estados Unidos –al concluir que hubo violaciones a derechos sindicales en la mina–, el gobierno de Donald Trump ha endurecido su postura, señalando afectaciones a su industria e incluso la posible intervención del crimen organizado en temas laborales. El señalamiento escala el tema a otro nivel: cruza seguridad, trabajo y comercio. Cuando estos asuntos llegan a ese terreno... también se convierten en presión política.