POLITICÓN: Se asoma la crisis institucional más grave en la historia de México
I. DESCUBRIMIENTOS
Las reuniones que está sosteniendo el gobernador Manolo Jiménez con las alcaldesas y alcaldes electos están sirviendo, nos comentan fuentes enteradas, no solamente para definir las reglas de coordinación en los distintos aspectos de la actividad gubernamental, sino también para realizar desagradables “descubrimientos”, como el relativo a la inexistencia de patrullas en los municipios que aún gobiernan los morenistas Mario Alberto López y Tania Flores Guerra. Y es que quienes entrarán al relevo ya están advirtiendo que requerirán del apoyo estatal para arrancar sus administraciones por lo menos con el mínimo de vehículos necesario.
II. FALLAS MORENAS
En el primer caso, nos dicen, el alcalde electo, Óscar Ríos Ramírez, ya advirtió que en el pueblo hay dos patrullas, pero que los vehículos son propiedad del descocado “Mayito”. Y en el caso de Múzquiz, el asunto no está mejor, pues los vehículos que actualmente usa la policía provienen de un contrato de arrendamiento “triangulado” por el alcalde electo de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, y el diputado local Tony Flores. Habrá que ponerle atención al tema.
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III. ESCASO ENTUSIASMO
En los pasillos del Palacio Legislativo de Coss, nos dicen, campea una preocupación desde ayer: que no se junten los 10 nombres que, de acuerdo con la convocatoria emitida, debería remitir como mínimo el Poder Legislativo al despacho principal de Palacio Rosa para que de allá les devuelvan una terna y, a partir de ella, se desarrolle la deliberación (es un decir) que concluya en la elección de Fede... ¡perdón!, del relevo de Gerardo Márquez Guevara al frente de la Fiscalía General de Coahuila. ¿Y por qué el escepticismo? Pues porque si hasta ayer sólo había un inscrito, pues ahora difícilmente crecerá la lista, pues “ya se destapó el bueno”.
IV. ¿NUBES DE TORMENTA?
Por cierto que, respecto del citado proceso, fuentes confiables aseguraban ayer que hay quienes estudian con seriedad la posibilidad de impugnar la convocatoria porque, en su opinión, contiene errores que la vuelven objetable. Vale aclarar que todo acto de autoridad, sin importar la pulcritud con la cual se ejecute, es objetable. Habrá que ver si el hecho se concreta y si el presunto recurso que se prepara llega con alguna posibilidad de causar turbulencia.
V. NO LA VIERON VENIR
Sobre el nombramiento de Ana Cecilia Romero Corral como nueva dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en Coahuila, en una ceremonia realizada en las oficinas nacionales en la Ciudad de México, se comenta que este cambio se interpreta como una señal clara de la dirigencia nacional para consolidar su control en el estado, donde José Luis López Cepeda mantenía una representación que ya no reconocen oficialmente. Al respecto, López Cepeda afirmó que Álvaro López Ríos, secretario general de la UNTA, impuso a Romero Corral sin realizar una asamblea.
VI. NUEVOS DUEÑOS
El cambio en la dirigencia podría tener repercusiones políticas. Observadores señalan que López Cepeda ha operado en diversas campañas para el PRI. En contraste, la nueva dirigencia estatal, encabezada por Romero Corral, está alineada con el PT y es cercana a Ricardo Mejía Berdeja. Los analistas opinan que López Cepeda, al declarar que “la organización es de quien la trabaja”, tal vez debería buscar otra bandera: esta ya tiene nuevos dueños.
VII. ¿PRÁCTICA COMÚN?
La política de cero tolerancia a las malas prácticas notariales implementada por la Secretaría de Gobierno, bajo la dirección de Óscar Pimentel, enfrenta un nuevo reto con el caso de Hugo Aguilar Fernández, Notario Público 92 en Arteaga. Se dice que Aguilar Fernández recibió pagos para trámites de escrituración sin realizar los registros ni cubrir los impuestos correspondientes. Lo inexplicable es que, hasta el momento, no ha sido sancionado. Observadores se preguntan si la política de “cero tolerancia” será realmente para todos o sólo para algunos.
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VIII. SOMBRA DE IMPUNIDAD
Al igual que el caso de Sergio Mier, el notario Hugo Aguilar Fernández también tiene quejas en el Infonavit, lo que ha llevado a que la institución deje de asignarle trabajos notariales. Aunque Aguilar intenta resolver las quejas cuando se presentan, el problema es que no todas las irregularidades se reportan, ya sea por temor o desconocimiento. Esto genera una sombra de impunidad que persiste alrededor de su práctica notarial.
IX. CUENTA REGRESIVA
El tiro quedó cantado ayer: ocho de los once integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que aún encabeza Norma Piña, hicieron oficiales sus renuncias al cargo, en el límite del plazo impuesto por la reforma judicial de septiembre. Eso anticipa la votación del próximo martes: ocho de once votarán por declarar inconstitucional la elección de jueces y magistrados a nivel federal y local, lo que abrirá el espacio para la crisis institucional más grave que haya vivido el país en su historia, pues también puede anticiparse desde ya que el oficialismo no acatará la decisión de la Corte. Así que a comerse las uñas de aquí al martes próximo.
