Urge tener una Comisión de la Verdad... y una disculpa pública

La noticia de la creación de una Comisión de la Verdad que investigue todo lo relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, abrió nuevas puertas para que las otras masacres, desapariciones, y crímenes de lesa humanidad cometidos en el País puedan exigir, en el marco del nuevo panorama gubernamental, la justicia que no han alcanzado los últimos sexenios.

La creación de esta Comisión fue una promesa prioritaria anunciada durante la campaña del hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo prometió para los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, y Nochixtlán, Oaxaca, donde hubo una serie de ejecuciones a manos de elementos militares y de fuerzas de seguridad pública, según acreditó la CNDH.

¿Cuáles han sido los parámetros para priorizar la creación de una Comisión para un caso sobre otro? Hasta hoy la respuesta es incierta, pero lo que ya se anuncia por parte del próximo Secretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo, es que sí habrá comisión para todas los hechos donde se investiguen crímenes de lesa humanidad. La de Allende, por la magnitud de la tragedia es urgente. Ante la exigencia, pero con palabras relegadas, el mayor acercamiento que tuvo Alfonso Durazo con la creación de una comisión específica que aborde el tema Allende donde se estima la desaparición de 300 personas según las versiones de los pobladores, fue durante el Foro Escucha que se realizó en Saltillo el pasado 19 de septiembre.

“Crear comisiones de la verdad es una tarea que ha encomendado Andrés Manuel al equipo de Seguridad Nacional para lograr el proceso de paz”, explicó. “Eso nos ayudará a darle voz a investigaciones de hechos de lesa humanidad, no solamente en el caso de los desaparecidos, como lo que sucedió en Allende, sino también a los que se refieren, por ejemplo, a Ayotzinapa o San Fernando”. Faltó formalidad. AMLO aún no entra, pero el Poder Judicial, ya falló para que se cree la primera Comisión de este tipo.

Previo a la realización del Foro Escucha para la pacificación del País, el partido Morena y la Diócesis de Saltillo hicieron un llamado para que el Gobierno federal entrante considere la situación; sin embargo, a pesar de los constantes señalamientos, este caso ha sido uno de los más  inexactos en cuanto a su información, e ignorados por múltiples actores políticos que han desfilado en los puestos públicos del Estado. Si la prensa no pregunta y los colectivos no se organizan, no hay novedades.

El tiempo pasa para las víctimas, y aunque mucho se ha hablado del tema, pocas acciones se han puesto en marcha para que se persiga y se castigue hasta al último culpable por los hechos ocurridos entre el 18 y el 21 de marzo del 2011 en toda la franja fronteriza de Coahuila, incluyendo a Piedras Negras.

Fue apenas en este año, después de siete de lo ocurrido y cuatro de denunciado a la luz pública, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió por fin una recomendación sobre el caso.

Dentro de esta recomendación, la CNDH admite que hay por lo menos 49 víctimas de la serie de desapariciones que hubo en la entidad durante el lapso mencionado, y detalló con lo documentado que hubo desapariciones de personas menores, ejecuciones, allanamientos y destrucción de inmuebles a plena luz del día.

Recientemente, Ariana García Bosque, vocera jurídico del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Piedras Negras, notificó que, del caso, se presentarán ante la CNDH, alrededor de 20 víctimas más que no fueron contempladas dentro de la recomendación y que estarán exigiendo su reparación del daño.

Esta es una muestra más de que la información que rodea al tema Allende está incompleta y, acorde a lo recomendado por la CNDH, incomprendida por las autoridades.

¿A caso es el equipo de transición de AMLO, el único que no ha entrado de lleno a esclarecer toda la verdad sobre el tema?

Aunque el secretario del Gobierno de Coahuila, José María Frausto Siller, dijo el pasado 14 de septiembre que es una buena idea crear una comisión específica para atenderlo, tuvieron que pasar poco más de seis meses para que la Consejería Jurídica del Gobierno estatal diera una noticia respecto de los preparativos de una disculpa pública a las familias afectadas en los hechos. La misma fue exigida en la recomendación que guarda su expediente con el número 10/2018.
¿Por qué no se hizo antes? ¿Qué se estaría admitiendo?

Por lo menos la Comisión de la Verdad por el caso Ayotzinapa, tendría bien claro que a la sociedad mexicana nos faltan 43. Que la “verdad histórica” presentada por la PGR al mando de Jesús Murillo Karam, no fue más que un desliz que dejó entrever las rebasadas capacidades del Estado Mexicano en el tema de la desaparición forzada; que esa línea ya está agotada, que irán por otro rumbo.

Pero, ¿y Allende? ¿Fueron 300? ¿27? ¿42? ¿El caso debería llamarse ‘La Masacre de Piedras Negras’? ¿Hasta dónde se involucró la DEA? ¿Cómo va a ser el reclamo hacia ellos? 

¿Cómo fueron las declaraciones del Z-40 y el Z-42? ¿Qué estaba pasando en Coahuila a ciencia cierta? ¿Qué intereses fueron tan afectados, como para que los oídos de una población entera se ensordecieran por el ruido de las balas durante tres días? ¿Cuál es la versión que se tomará en cuenta para garantizar la No Repetición? ¿La última de la Fiscalía? ¿La última del Colegio de México? ¿La última de la CNDH?

Pero las preguntas más contundentes son: ¿Se pretende abrir camino hacia la paz sin respuestas claras? Las versiones, son múltiples: están los testigos de la Corte de Estados Unidos, lo investigado por la FGE, lo detallado por las ONG’S, lo acreditado por la CNDH, lo analizado por el Colmex. ¿Cuándo se anunciará la intervención del Gobierno Federal?

Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que investigará a la Agencia Antidrogas (DEA) por sus actos que presuntamente habrían detonado la masacre de Allende y otro hotel más en Monterrey.

Fenómenos desconocidos e inciertos, pero catastróficos, son los que rodean al País hoy día. Tal y como lo que sucedió aquel marzo del 2011 en la franja fronteriza de Coahuila.

Es urgente integrar la Comisión de la Verdad sobre el caso Allende para demostrar que hay disposición para que no vuelva a haber un fin de semana como esos. Enviaría un mensaje: “Sabemos lo que pasó a ciencia cierta y sabremos cómo cambiar la situación de los otros ‘Allendes’ que hoy lloran en el País”. Ese es el valor agregado de conocer nuestra historia para no estar condenados a repetirla.