Y después del INE, ¿qué queda de la oferta política de Riquelme?

Si bien dejó en suspenso el asunto del rebase de gastos de campaña en Coahuila, motivo para una eventual y posterior anulación de la elección de Gobernador, el viernes el Consejo General del INE resolvió dos puntos fundamentales de la pasada campaña electoral, ambos relacionados con Miguel Riquelme y el PRI. Uno positivo (propuesta) y el otro negativo (descalificación).

El primer tema votado trastoca la columna vertebral de su oferta política: “Mi Monedero Rosa”, “Mi Monedero” y “Mi Tarjeta de Inscripción” fueron propuestas calificadas por mayoría como “gasto indebido” y “sin objeto partidista”.

No sólo eso, los consejeros acordaron que la recolección de datos personales al hacer el registro de supuestos beneficiarios fue incorrecta, y constituyó un posible uso indebido que determinará el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Al Instituto Electoral de Coahuila, por su parte, corresponderá resolver si existió compra o coacción del voto.

“La concatenación de promesas de apoyo, entrega de tarjetas llamadas –nada más y nada menos– ‘Monederos’, en un escenario de carencia social, a cambio de datos de los individuos que serán beneficiarios si sufragan por el partido y éste resulta ganador, da una secuencia de condicionamiento de apoyos sociales a los necesitados a cambio de su voto, no es una promesa general, legítima y válida”, argumentó Ciro Murayama en su intervención.

“La Coalición cruzó la frontera de la propuesta y llegó al territorio de la dádiva”, señaló.

Como es notorio, la resolución del INE impactó en la médula de la plataforma que presentó el PRI, y terminó en una sanción de 918 mil pesos a la Coalición de partidos que postularon a Riquelme.

Suponiendo sin conceder que valida la elección de Gobernador el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿pondría en práctica éste un programa que fue calificado por la autoridad electoral como ilegítimo e inválido?

En el mejor de los escenarios, acabaría siendo un instrumento de política pública empobrecedor.

Me explico. Durante toda la campaña no hubo un momento en el cual explicara Riquelme, o alguien del PRI, cuánto dinero iban a depositar a la hipotética tarjeta de cartón. Revise usted mismo la hemeroteca: nunca lo dijeron. Incluso el consejero Murayama explicó que a pregunta expresa de la Unidad de Fiscalización del INE, el PRI respondió que se trata de “un apoyo social en dinero, mismo que sería depositado en una tarjeta plástica”.

Tomando como referencia el plástico de similares características que ofreció Alfredo del Mazo en el Estado de México, denominado “Salario Rosa”, que consistía en 600 pesos mensuales, y considerando que va dirigido a una población objetivo de 150 mil coahuilenses, equivale a un gasto de mil 080 millones de pesos al año, lo cual sería imposible de costear para el Gobierno del Estado, pues equivale al presupuesto anual de la Procuraduría de Justicia y las secretarías de Salud, Cultura, de las Mujeres y de la Juventud juntas.

Por si fuera poco, el Inegi estimó, con datos de 2015, que el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres en el hogar equivale a 49 mil 586 pesos anuales. Igual a 138 pesos diarios. Con La Tarjeta Rosa ofreció Riquelme 20 pesos al día, o mantener a las mujeres en un círculo vicioso sin oportunidades de desarrollo, como calificó la Organización Nacional Anticorrupción.

Un segundo tópico de la sesión que fue votado trata sobre la publicidad negativa que hizo el PRI al PAN en Coahuila con una presunta “Operación lavadero con tarjetas”, actividad en la que participó activamente David Aguillón, presidente de la Fundación Colosio, a quien reiteradamente ha negado la administración estatal como su asesor.

El denominado “fraude electoral y financiero” que publicitaron tuvo durante la campaña un alcance mediático importante, pues se presentó a nivel nacional como “la compra de votos más grande de la historia que se tenga registrada en el País”.

Sin embargo, fue desechado de plano por carecer de elementos probatorios.

Es cierto que aún puede recurrir el PRI al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero, de antemano, la sanción y el desechamiento de los temas citados en la mesa del Consejo General impacta en su, de por sí, deteriorada legitimidad.

Cortita y al pie
Durante la semana, diversos actores políticos se apersonaron en la sede del INE para interceder por sus intereses y los de sus representados, lo cual es legítimo pero mueve a suspicacias.

El viernes, por ejemplo, el director de Egresos del Ayuntamiento de Torreón, Javier Lechuga Jiménez, estuvo en las oficinas de la representación legislativa del Partido Verde, dentro del INE. ¿Qué hacía ahí en día y hora laboral un funcionario cuya principal atribución es hacer pagos en La Perla de La Laguna, y no cabildear en la Ciudad de México?

La última y nos vamos
Por lo demás, al decretar un receso en la referida sesión del viernes, el INE abrió un socavón político hasta su reanudación el lunes. Cualquier cosa puede caer ahí el fin de semana. Cuidado.

@luiscarlosplata