¿Por qué importa la educación jurídica con perspectiva en derechos humanos?

En Coahuila, la educación jurídica con perspectiva en derechos humanos es una obligación constitucional para asegurar los fines de una sociedad democrática. La Academia IDH, por su parte, es una garantía institucional prevista en la Carta Fundamental que le corresponde diseñar e implementar los programas educativos que resulten necesarios para promover la transformación social de nuestra comunidad a partir del respeto a la dignidad humana.

Este deber de la ley resulta de una demanda social: el reclamo de las víctimas que señalan que las instituciones no cuentan con profesionales del Derecho capaces, sensibles y comprometidos con la garantía de sus derechos fundamentales. En el debate público existe siempre la crítica a los que somos funcionarios: ignoramos la ley de los derechos humanos.

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La solución de fondo: formar a una nueva generación de personas defensoras. Ellas son las que al final deberán consolidar la nueva forma del quehacer institucional con el enfoque de derechos humanos. Si queremos cambiar la forma de ejercer el poder público necesitamos construir agentes de cambio social. Las sociedades más preparadas para enfrentar sus desafíos son las que invierten en la buena educación de su ciudadanía.

La educación de los derechos humanos, por tanto, es un proyecto del Estado mexicano: es la primera obligación fundamental prevista en el artículo primero de la Constitución. Para muchos esta idea es una moda, una novedad. Para otros: la ocurrencia de LERV. Para mí, desde hace más de 25 años de ejercicio profesional, es un proyecto de reforma generacional que tuve la oportunidad de concretar en mi universidad con la creación de la Academia IDH, una nueva escuela de Derecho que imaginé, fundé, implementé y que, ahora, acompañó como un profesor más para enseñar la ley de la dignidad humana a los que en el futuro se encargarán de hacerla cumplir.

Creo en las instituciones educativas como la mejor forma de generar el desarrollo de las personas. Ellas son las que nos preparan para enfrentar los retos y desafíos que tenemos como sociedad. En el caso de mi profesión, las escuelas de leyes son −en gran medida− las responsables de la cultura jurídica de su comunidad. Una mala educación jurídica representa una mala formación profesional y, por ende, las malas escuelas de derecho son las promotoras de la mala práctica del Derecho en perjuicio de las personas.

El legalicidio es el crimen que comete toda escuela que, de manera arbitraria, irracional y absurda, enseña el Derecho para perpetuar la injusticia, para obstaculizar los cambios sociales a favor de los derechos de las personas, pero sobre todo para legitimar a los regímenes autoritarios que afectan los fines de la sociedad democrática.

La buena educación del Derecho, por ende, representa el camino correcto para luchar en forma razonable por la justicia. Si no entrenamos en forma adecuada a los juristas del mañana, nuestro equipo profesional será mediocre para resolver los problemas que exigen una regulación legal para arbitrar, de manera objetiva y racional, las disputas que se generen con motivo de la voluntad general que nos damos para gobernar con orden y seguridad.

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EDUCACIÓN AiDH

Está por concluir un periodo sexenal de gobierno. En el Plan Estatal de Desarrollo y su Programa de Derechos Humanos se tuvo la visión de generar un proceso de educación para la ciudadanía que tuviera el objetivo de generar las condiciones de una nueva cultura de la ley, a partir del patrimonio universal: los derechos de las personas.

Después de seis años, Coahuila cuenta con la mejor educación jurídica del país con perspectiva en derechos humanos. Con el programa de la licenciatura, las especialidades, maestrías y doctorado, tenemos la mejor condición de asegurar los agentes de cambio social que, en forma progresiva, influirán en el quehacer institucional para ser parte de la justicia nos merecemos: una sociedad más libre, igualitaria y fraterna.