¿Por qué México es violento? La respuesta está en el Estado de derecho

¿Por qué México es un país violento? ¿Acaso porque provenimos de la cultura sacrificial de nuestros pueblos originarios? En la cual, nuestros ancestros extraían corazones de sus enemigos o los decapitaban, despeñaban, flechaban o ahogaban para sacrificios a sus dioses.

¿O somos violentos porque los españoles utilizaron la violencia para conquistarnos?

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¿Acaso esa cruel fusión de hechos históricos nos obliga −desde nuestro inconsciente colectivo− a tener un comportamiento violento a lo largo de los siglos? Por ejemplo, durante la Independencia, la Reforma, la Revolución y la posrevolución.

Esa versión cobra fuerza cuando vemos estos datos: En 2019, México ocupó el lugar 12 entre los países más violentos del mundo (ONU). En 2020 se anunció que 18 de 50 ciudades más violentas del mundo eran mexicanas (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal: 2020).

En 2021, 2022 y 2023, las primeras ocho ciudades más violentas del mundo estuvieron en México. Y de 2008 a 2023 la ciudad más violenta del mundo fue mexicana. En 2024, 12 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo fueron mexicanas (World Population Review: 2024).

¿Es suficiente la hipótesis psicohistórica de nuestros orígenes para explicar el porqué de nuestra cultura violenta? No. La explicación es distinta: Desde la Colonia hasta la posrevolución, México ha sido incapaz de crear instituciones fuertes en torno a un sólido Estado de derecho que permita regular y canalizar −desde la legalidad inscrita en la Constitución− la violenta proclividad de los mexicanos.

Ese Estado de derecho “es un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa y con total apego a los Derechos Humanos”.

Está basado en cuatro criterios: 1) Leyes justas, aplicadas de manera uniforme a todos por igual, apalancadas en la protección de los derechos fundamentales de los mexicanos. 2) Impartición de una justicia accesible y eficiente, “realizada por jueces y magistrados competentes, éticos, neutrales e independientes”. 3) Estricta transparencia y rendición de cuentas: “gobierno y actores deben rendir cuentas ante la ley y ser sancionados en caso de incurrir en actos (de opacidad o corrupción) que violen sus deberes”. Y 4) Impulsar un Gobierno abierto en el que “todos los procesos que promulguen, administren e implementen las leyes sean accesibles, justos, eficientes y transparentes”.

De tener un verdadero Estado de derecho en México, existirían sólidos límites al poder gubernamental, una ausencia de corrupción, un Gobierno abierto y fuerte, un respeto irrestricto a los derechos fundamentales, un orden y seguridad patrimonial y físico, un cumplimiento estricto de las regulaciones en temas laborales, ambientales, comerciales y de salud pública; una justicia civil accesible, pronta y libre de corrupción y discriminación, y un sistema de justicia penal capaz de procurar e impartir justicia con respeto a los derechos de los detenidos y las víctimas.

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Pero ¿qué tenemos en realidad? Un débil Estado de derecho, corrupto e impune, proclive al autoritarismo caudillista, atravesado por el crimen organizado, el tráfico ilegal de armas y drogas, y hundido en la desigualdad económica y un sistema educativo pobre.

No en balde, en 2023, el nivel del Estado de derecho en México ocupó el lugar 116 de 142 países en el mundo (World Justice Project: 2024) gracias a las reformas al Poder Judicial.

Lo dicho: la violencia en México es el resultado de la ausencia de un genuino Estado de derecho. No de maquinaciones psicohistóricas sin sustento empírico alguno.

Nota: Regresaré DM a nuestra conversación editorial en enero 2025. Bendecidas y esperanzadas fiestas para ti, apreciado lector