Presupuesto educativo: ¿se asigna con criterio político?

Uno de los peores vicios del servicio público en México ha sido, históricamente, la asignación de recursos a partir de criterios políticos y no de planeación del gasto o de búsqueda de objetivos concretos. Por desgracia, se trata de una práctica en la cual se sigue incurriendo a pesar de la aparente “profesionalización” de la actividad gubernamental.

Y se trata de un vicio, es decir, de una práctica nociva, porque ponderar los vínculos ideológicos, o las lealtades políticas, por encima de la planeación y el uso de instrumentos técnicos para el ejercicio y supervisión del gasto, incrementa las probabilidades de convertirlo en un desperdicio, en el mejor de los casos, o en una fuente de corrupción, en el peor.

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Pero si la asignación de presupuestos mediante el uso de criterios políticos resulta indeseable en sí misma, lo es aún más cuando hablamos de áreas sensibles del quehacer público, tales como la educación o la salud. En estos casos, los resultados pueden ser catastróficos.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al señalamiento realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su revisión a la cuenta pública de 2022, respecto de la existencia de un “megafondo” educativo de cuya distribución, varias entidades del país, entre ellas Coahuila, no fueron parte.

La cifra no es pequeña: estamos hablando de más de 23 mil 300 millones de pesos, monto del cual estados como Michoacán, Baja California, Chiapas, Sinaloa y Zacatecas recibieron unos dos mil millones de pesos cada una, en promedio.

No fue la nuestra la única entidad que no se vio beneficiada con este fondo cuyo propósito, de acuerdo con la información revelada por la ASF, fue “desarrollar fuentes alternativas de financiamiento” que permitieran “el cumplimiento de los objetivos en materia educativa”. Además de Coahuila, quedaron fuera del reparto Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Resulta imposible dejar de notar una de las “diferencias” importantes entre las entidades más beneficiadas con dicho fondo y la mayoría de las que quedaron fuera del reparto: en las primeras gobierna el partido Morena y casi todas las segundas eran gobernadas por la oposición en 2022.

También resulta muy difícil considerar que se trata sólo de una “coincidencia” y que el hecho no puede −o no debe− ser interpretado como una clara intención de privilegiar a los aliados políticos y relegar a los “opositores”.

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Pero el hecho mismo de que al rendir la cuenta pública, el Gobierno Federal haya sido omiso en explicar las razones y los objetivos del referido programa −situación que es mencionada por la ASF en su informe− refuerza la sospecha en torno a la posibilidad señalada.

Valdrá la pena, desde luego, que se hagan las aclaraciones pertinentes. Valdrá aún más que, en el futuro, se transparenten mejor los programas de financiamiento y el reparto entre entidades sea justo y apartidista.