Presupuesto educativo: ¿se usa para enriquecer individuos?

Uno de los flagelos de la vida pública de México es, a no dudarlo, la corrupción. Se trata de un problema a tal grado generalizado que se antoja imposible, ya no digamos de eliminar, sino siquiera de combatir.

Y el desánimo se incrementa debido a que, con insana frecuencia, aparecen ejemplos de corrupción que han implicado construir fortunas privadas con recursos públicos pero, aún cuando estos sean profusamente exhibidos, no pasa absolutamente nada porque la impunidad es otra realidad ampliamente extendida en nuestra sociedad.

La normalización de la corrupción, conviene decirlo, viene de lejos. No se trata de un fenómeno incubado en el pasado reciente sino que constituye una herencia que algunos plantean viene desde la época de la colonia. Lo peor de todo es que no parece haber forma de que surja una voluntad de cambio en este sentido.

Que la corrupción se encuentre tan extendida no puede conducirnos, sin embargo, a dejar de denunciarla ni a dejar de insistir en la necesidad de que se investigue y castigue. Por mucho que los circuitos de complicidad se mantengan y refuercen, habrá que perseverar en combatirlos.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la aparición de un ejemplo de eso que hemos conocido largamente como “enriquecimiento inexplicable”, aunque en realidad se trata de un fenómeno cuya explicación es muy sencilla.

La aparición de un video en la internet, mediante el cual se promueve una casa habitación de lujo, valuada en un millón de dólares, pero que pertenece a un “humilde” burócrata de la educación que trabaja para el Gobierno de Coahuila, obliga necesariamente a formular preguntas:

¿Cómo logra un profesor como Jorge Alberto Salcido Portillo, quien ha escalado hasta la posición de subsecretario de Educación Básica en Coahuila, hacerse con una mansión en un exclusivo fraccionamiento de Torreón donde, por definición, solamente pueden vivir lo más adinerados?

Con el salario devengado por Salcido Portillo como burócrata del Gobierno de Coahuila ciertamente no alcanza. Ni siquiera ahorrando todo el dinero de su salario, a lo largo del último sexenio, habría podido adquirir o construir una mansión de las dimensiones que se exhiben.

Y si la propiedad no puede explicarse a partir de los recursos legítimamente obtenidos, y adicionalmente no se conoce de la existencia de negocios o empresas que justifiquen la riqueza exhibida, necesariamente debe cuestionarse si estamos ante la evidencia de una fortuna ilícita.

Cabría esperar que, a diferencia de lo ocurrido en docenas de casos anteriores, las autoridades responsables de vigilar el gasto público y dar seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos hicieran algo más que observar con pasividad éste, el enésimo caso de su tipo.

Porque no se vale, ante la evidencia, encogerse de hombros y voltear hacia otro lado, como si lo exhibido fuera un asunto trivial e irrelevante.