¿Qué es lo que vuelve a un Congreso ‘productivo’?

Uno de los conceptos más difíciles de someter al ámbito de las definiciones es el de “productividad legislativa”. Y esto es así porque no estamos aquí hablando de una fábrica de tornillos o de focos, ámbito en el cual es posible reducir el término productividad a una fórmula matemática.

Lejos de tal posibilidad, en el caso de un parlamento estamos hablando de una diversidad de tareas susceptibles de medirse no solamente desde la perspectiva cuantitativa, sino también desde la cualitativa, lo cual vuelve complejo asignar una “calificación” al trabajo legislativo.

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Por otra parte, es preciso tener en cuenta que una característica esencial del parlamento −en los regímenes democráticos− es su pluralidad, es decir, que no se trata de un cuerpo monolítico al que pueda calificarse como un todo de forma acrítica, sino que es indispensable introducir matices debido a la existencia de grupos parlamentarios que defienden posturas disímbolas, cuando no contrapuestas, antagónicas o mutuamente excluyentes.

Las precisiones anteriores son indispensables para tener claro que el reporte incluido en esta edición, relativo a la productividad legislativa, se centra únicamente en el análisis del aspecto más visible del trabajo legislativo: el número de iniciativas legales presentadas en un periodo y el porcentaje de estas que se dictaminan y aprueban.

De acuerdo con el análisis estadístico, la productividad de la actual Legislatura estatal ha sufrido una drástica disminución en comparación con la mostrada por las dos legislaturas precedentes.

Esto se debe, desde luego, a la presentación de un menor volumen de iniciativas −apenas 90 en el presente año− por los distintos grupos parlamentarios representados en el Poder Legislativo.

El trabajo de nuestros representantes también puede medirse, sin embargo, desde la perspectiva cualitativa, es decir, a partir del análisis de la coherencia, la solidez jurídica, la pertinencia social y el impacto a largo plazo de las normas, cuya creación o modificación ha formado parte de la agenda.

Una perspectiva adicional para calificar el trabajo legislativo tiene que ver con el tiempo de tramitación de las propuestas sometidas a su discusión, es decir, evaluar cuán eficiente es el sistema legislativo en términos de la rapidez con que se discuten, revisan, dictaminan y aprueban los proyectos.

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Adicionalmente podríamos medir la productividad de nuestros legisladores a través del impacto tangible que las leyes aprobadas tienen en la sociedad, lo cual puede incluir mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos, mayor justicia social o avances en áreas clave, como la reducción de la pobreza o la mejora en la competitividad económica.

La pregunta obligada, desde luego, es si al realizar mediciones de la productividad, a partir de alguna de las perspectivas señaladas, nuestro Congreso −y sus integrantes en lo individual− lograría obtener alguna calificación aprobatoria o se repetiría el patrón de baja productividad que hoy reseñamos en lo estrictamente cuantitativo.