¿Qué haría un especialista en género y diversidad sexual si fuera diputado en Coahuila?

Los derechos de las personas LGBTTTIQ+ son derechos humanos y, como tales, se encuentran bajo la protección de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de los que México es parte; consecuentemente, tal y como lo señala nuestra Constitución, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo tanto, las diputadas y los diputados del Congreso del Estado de Coahuila tienen la obligación de legislar en materia de derechos humanos de la población LGBTTTIQ+ de forma urgente.

Si bien es cierto, en el año 2014, el estado de Coahuila de Zaragoza se convirtió en la segunda entidad federativa en reconocer el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio y la adopción homoparental, iniciativa presentada por el diputado Samuel Acevedo, del Partido Social Demócrata. Posteriormente, en el 2019, el Congreso coahuilense aprobó la iniciativa presentada por la diputada Claudia Ramírez Pineda, del Partido de la Revolución Democrática, y se convirtió en la quinta entidad federativa en proteger el derecho a la identidad de género, permitiendo por la vía administrativa la ratificación de género y nombre de las personas trans.

Sin embargo, luego de estas dos iniciativas aprobadas y de colocarse como uno de los congresos vanguardistas en la materia, las diputadas y los diputados se dieron por satisfechos y, tristemente, pensaron que con estos cambios legislativos sería suficiente para revertir décadas de discriminación legislativa que ha vivido la población LGBTTTIQ+. Siendo así que, el Congreso de Coahuila ha pasado de ser un Congreso con reformas actuales que reconocen los derechos humanos de la diversidad sexual, a convertirse en un Congreso indiferente hacia las cifras alarmantes de violencia y hacia las recomendaciones de órganos internacionales que han exhortado a legislar en la materia.

De tal forma, en pleno proceso electoral en el estado de Coahuila de Zaragoza, quienes aspiren a diputaciones locales tendrán que colocar dentro de su agenda legislativa los derechos humanos de la población LGBTTTIQ+, siendo obligatorio para las diputaciones electas promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de esta población. Y, para facilitarles el trabajo, si yo fuera diputado atendería las siguientes temáticas de forma urgente:

Prohibir los ECOSIG o las mal llamadas “terapias de conversión”, estas prácticas incluso han sido catalogadas como tortura en contra de las personas LGBTTTIQ+ por la Organización de las Naciones Unidas. Sobre este tema, valdría la pena retomar la iniciativa presentada por la diputada Martha Loera Arámbula, del Partido Revolucionario Institucional, y la iniciativa ciudadana presentada por quien suscribe el presente escrito, recordando que no hay nada que curar y que desde 1990 el Consejo General de la Organización Mundial de la Salud eliminó de su catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad.

También, el derecho al reconocimiento de identidad de las infancias y adolescencias trans sigue siendo un tema pendiente en el ámbito legislativo aún con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en donde indican que, según especialistas, la identidad de género se desarrolla entre los 18 meses y los tres años de edad, destacando también que en México de 81 mil a 183 mil adolescentes tienen una identidad de género distinta a la asignada al nacer.

Finalmente, visibilizar a la población LGBTTTIQ+ mediante dos acciones principales. Primera, implementar cuotas LGBTTTIQ+ en las distintas instituciones públicas, en donde se reserven lugares para personas de la diversidad sexual, principalmente para las personas trans, población que ha sido especialmente violentada y discriminada. Segunda, llevar a cabo actos que conmemoren el honor, dignidad y humanidad de dicha población como lo ha sido la propuesta de colocar en letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado el nombre de la parrense, activista y madre del movimiento de la diversidad sexual, Nancy Cárdenas Martínez. Esta última Iniciativa de decreto fue propuesta por la diputada Claudia Ramírez Pineda, del PRD, iniciativa que fue congelada por el resto de las diputaciones y que ahora el Comité Orgullo y Dignidad de Saltillo ha retomado mediante iniciativa ciudadana.

Las anteriores son solo algunas de las luchas actuales de la diversidad sexual, por lo que las personas aspirantes a diputaciones que resulten electas tendrán que legislar no solo para “una mayoría”, sino también para aquellas poblaciones que han sido invisibilizadas, como lo es la población LGBTTTIQ+, de la mano de organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos. En caso contrario, dichos derechos serán conquistados a golpes de sentencias por la vía judicial, en donde quedará expuesta la ausencia de trabajo legislativo en la materia, pues los derechos humanos no se debaten ni se consultan, se reconocen.