Reforma fiscal: ¿Aceptaremos pagar más impuestos con menos transparencia?

La débil situación de las finanzas públicas, en opinión de expertos y de algunas voces de la 4T, requiere de una reforma fiscal. ¿Estaría usted, amable lector, dispuesto a darle más recursos al actual Gobierno?

Para responder, habría que saber qué problemas de la hacienda pública se pretenden resolver con la reforma. Por ejemplo, si se revisarán con rigor las prioridades a las cuales ahora se asigna el gasto público, si estas corresponden a lo que desea y requiere la mayoría de los ciudadanos, por ejemplo, más AIFA o más Dos Bocas o mejor educación, salud y seguridad.

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También es necesario conocer si evaluarán si están logrando y en qué medida las metas que se fijaron cuando se decidieron muchos de los gastos o programas actuales, y si se tomarán medidas para corregir lo que sea necesario, como por ejemplo, en el caso de los excesos presupuestales del Tren Maya y de Dos Bocas o el de nivel de cumplimiento de metas de programas como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.

Preguntaría, asimismo, si la reforma buscará investigar con seriedad qué calidad de servicios públicos, de educación, de salud, de seguridad social, de seguridad pública, de infraestructura, entre otros, deseamos y por la cual estaríamos dispuestos a pagar su costo. Preguntaría también si con la reforma se buscaría replantear a qué nivel de gobierno corresponde hacer qué, es decir, revisar en profundidad las responsabilidades que corresponden a cada uno de dichos niveles. En pocas palabras, si se buscaría replantear el actual pacto fiscal, obsoleto y disfuncional, que tiene a la federación repartiendo despensas y tapando baches en los municipios, pero descuidando funciones que sólo ese nivel podría atender, como la seguridad publica, la gran infraestructura, la regulación de mercados poco competitivos, entre otras.

Otro tema que me gustaría saber de cualquier propuesta de reforma es cómo pretende ésta dar solvencia a las obligaciones del Estado en materia pensionaria, un tema que con las reglas actuales va inevitablemente encaminado a una crisis.

En suma, debemos saber si la reforma que se proponga −antes de hablar de impuestos a recaudar− revisará con efectiva participación de organizaciones ciudadanas en qué se debe gastar, qué nivel de gobierno es responsable de hacerlo, cómo se evaluarán los programas y se corregirán las desviaciones que ocurrieran, qué nivel de transparencia y rendición de cuentas habrá y qué responsabilidades por incumplimientos.

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Sólo una vez resueltas satisfactoriamente estas preguntas respecto al gasto, entonces veremos cómo pagar ese gasto y decidiremos qué atribuciones impositivas se asigna a cada nivel de Gobierno para que pueda cumplir las responsabilidades que se le asignen por ley, acordes a su naturaleza. Sólo entonces, valdría la pena una reforma.

Sin embargo, en las condiciones actuales, con un grupo gobernante que puede hacer lo que se les ocurra con la Constitución y las leyes, que se niega a escuchar otras voces que no sean las suyas, que está destruyendo las instituciones autónomas que brindaban algo de transparencia para defendernos ante abusos del poder, ante un Gobierno que busca más opacidad e impunidad; ante un gobierno así, no podemos aceptar darle más recursos, mejor salirnos del pacto federal.

El autor es exgobernador de Coahuila