Reforma judicial: La corrupción sólo es cómodo pretexto

Contenida en 110 cuartillas, el pasado 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana de 1917, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados, como cámara de origen, una extensa iniciativa de modificaciones y adiciones a aquélla, para llevar a cabo lo que él y sus seguidores llaman la “reforma al Poder Judicial”. Esta iniciativa fue remitida por el Presidente, en esa misma fecha, formando parte de un paquete de veinte piezas legislativas, casi todas de reformas a la Constitución.

Salvo quizá uno que otro académico, ciertamente no muchos, lo más probable es que sean relativamente muy pocos los que hayan leído y analizado completo el paquete de iniciativas presidenciales del pasado 5 de febrero. Después de su presentación, vinieron la campaña electoral y luego los comicios. Por eso los personeros del oficialismo no cesan de decir que el electorado votó por esas propuestas legislativas.

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Falso. En primer lugar, porque el grueso de los votantes ni idea tiene ni tuvo de su contenido. Y en segundo, porque las propuestas más discutibles –quizá debiera decirse disruptivas– de tales iniciativas, no están incluidas, la casi totalidad de ellas, en la plataforma política de Morena para el proceso electoral de este año, según algunos investigadores ya lo han hecho notar, luego de haber realizado el cotejo correspondiente.

Al efecto, procede señalar que la legislación electoral dispone que es obligación de los partidos y candidatos presentar y difundir entre los votantes durante las campañas políticas, precisamente el contenido de sus plataformas electorales, previamente registradas ante la autoridad en la materia, y no otra cosa.

Por las anteriores razones, es absolutamente insostenible, por falso, que los electores hayan votado por el contenido de tales iniciativas, que el grueso de la población ni siquiera conoce. Y que, de llegar a aprobarse, de algunas de ellas incluso sufrirán sus consecuencias.

Quizá la más disparatada de esas iniciativas sea la que propone la “reforma al Poder Judicial”. Resultan apenas creíbles, por carecer de toda razón, los cambios que propone. El más relevante es que todos, absolutamente todos los juzgadores, desde los ministros de la Suprema Corte, pasando por los magistrados (tanto de circuito como electorales y los del Tribunal de Disciplina Judicial que se propone crear) e incluidos los jueces de distrito, sean “elegidos de manera directa y secreta” por los votantes. Cabe señalar que en el actual sistema, aunque de manera indirecta, así ocurre.

¿Cuáles son las razones o argumentos que apoyan esa propuesta? A lo largo de la exposición de motivos sólo se invoca una. Que los tribunales son cuevas de corrupción. Y que la única manera de acabar con ésta se encuentra en la elección directa de ministros, magistrados y jueces.

Resulta insostenible y bobo tal argumento. Porque, de ser así, ¿cómo explicar entonces la corrupción de campeonato que prevalece en otros ámbitos del poder público cuyo origen es precisamente el voto popular?

Dos datos relevantes y comprobables deben hacer recapacitar con serenidad al ciudadano común de la improcedencia de tal propuesta, que de hecho es algo verdaderamente zafio e inconducente.

El primero, ¿cuál es la razón de que en todo el mundo no haya un solo país, uno solo, cuyo sistema judicial nacional sea de elección popular? Se dirá que sí lo hay y es Bolivia, pero en éste es de reciente adopción, ha sido un auténtico fracaso y no hallan la forma de cómo salir de él.

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Dos: ese sistema lo estableció la Constitución mexicana de 1857 (y eso ni siquiera mediante elección directa sino “indirecta en primer grado”, según decía el artículo 96 de esa Constitución) y fue un fracaso histórico, propicio para la corrupción, como lo señalaron reiteradamente los constituyentes de Querétaro al discutir la vigente Constitución de nuestro país.

En realidad lo que el oficialismo pretende es eliminar el sistema democrático de contrapesos para que el autoritarismo, cada vez más evidente, no tenga límites ni restricciones. Esto es lo que en el fondo López Obrador se propone alcanzar.