Refugiarse hasta nuevo aviso

En efecto, el Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una nueva alerta de seguridad, ahora con motivo de la violencia extrema que se desató en por lo menos nueve entidades del país tras la liquidación, el domingo, del cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Por supuesto, el aviso no explica que la administración Trump contribuyó a que se alborotara el avispero. De acuerdo con las mismas fuentes oficiales que dieron cuenta de las incursiones de los narcotraficantes que se suscitaron una vez liquidado el máximo capo mexicano, también dejaron claro que la Unión Americana aportó información clave para asegurar la captura, que terminó convirtiéndose en un cruento enfrentamiento.

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Parte de un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reza lo siguiente: “...para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”.

De hecho, la aportación de inteligencia por parte de Estados Unidos ya fue confirmada por la Casa Blanca. Más claramente, Reuters reveló que un nuevo grupo interagencial, encabezado por el Ejército de ese país —creado para mapear redes de cárteles— participó en la ruta de inteligencia que ayudó a ubicar al capo.

No se puede descartar que, de manera subrepticia, efectivos del ejército estadunidense hayan intervenido en la intercepción y abatimiento de “El Mencho”, si se toma en cuenta que, de un tiempo a la fecha, nuestro Poder Legislativo ha venido permitiendo el internamiento de militares de dicho país en territorio mexicano.

La última vez que esto ocurrió fue hace apenas seis días, cuando el pleno de la Cámara de Senadores aprobó, con 91 votos a favor por parte de las bancadas de Morena, PAN, PRI, PVEM y PT, y seis abstenciones de MC y Gerardo Fernández Noroña, el decreto por el que concedió autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para permitir el ingreso a México de “12 militares de Estados Unidos, armados”.

Según se asienta en el respectivo decreto, la delegación extranjera podrá participar en el “ejercicio de capacitación SOF1 ‘Capacitación MEXSOF (Defensa)’”, a partir de que pise suelo patrio el próximo 27 de febrero, para lo cual deberá aterrizar en la Base Aérea Militar No. 1, ubicada en Santa Lucía, Estado de México, con miras a retornar a Estados Unidos el próximo 15 de julio, desde la Base Aérea Militar No. 4, ubicada en Cozumel, Quintana Roo.

Esta autorización se suma a la aprobación del 11 de febrero de 2026, cuando se consintió también en el ingreso de 19 militares del Equipo 2 de los Navy SEALs de la Marina de Guerra estadounidense, que participarían en un ejercicio de adiestramiento especializado. Así, suman ya 31 los militares del vecino país que estarán en territorio mexicano.

A la sazón, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano (MC), solicitó que se dialogase con Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de Defensa Nacional, a fin de saber más de la estrategia aprobada, de modo que no se confundan las autorizaciones otorgadas desde el Senado, considerando que se vive un escenario en el que Estados Unidos está “en defensa —se dijo— de su territorio”.

La entrada de tropas de élite a nuestro país es aún motivo de polémica —como lo fue también el aterrizaje, en Toluca, de un Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules, perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF)—, dado el roce con la administración Trump, derivado de las suspicacias que despertó, justo hace un año, el vuelo de drones estadounidenses sobre México, sin un consenso claro, y con motivo de sus reiteradas advertencias de que atacaría a los cárteles mexicanos por tierra.

Todo indica que finalmente se cumplió tal amenaza, muy a pesar del discurso patriótico de Claudia Sheinbaum y de su afirmación de que su gobierno cuenta, por sí solo, con la capacidad necesaria para combatir con efectividad al crimen organizado, lo cual, por cierto, sigue sin ser demostrado plenamente.

Ahora falta establecer qué tan graves son, jurídica y políticamente, las implicaciones de la sutil “colaboración” de Trump, esto en función del principio de autodeterminación y en términos de soberanía nacional mexicana. ¿Quién se atreverá a ponerle el cascabel al gato?

Como dije, la Casa Blanca también actualizó su alerta de seguridad para proteger, ya no sólo a los adictos al fentanilo dentro del territorio que gobierna, según lo asegura, sino también a los estadounidenses que se encuentran en México, particularmente en los estados de Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas.

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El llamado es a que se “refugien” hasta nuevo aviso, “debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras relacionados y la actividad delictiva”, dice el aviso.

Por su parte, “todo el personal del gobierno estadounidense en el Consulado General de Tijuana y en los estados de Guerrero, Michoacán y Quintana Roo ha recibido instrucciones de confinamiento”. También a los empleados del Consulado General de Monterrey se les insta a que no salgan del área metropolitana de la ciudad.

Todo viajero deberá realizar las siguientes acciones: “Busque refugio y minimice los desplazamientos innecesarios; permanezca en sus residencias u hoteles; evite las áreas cercanas a la actividad policial... evite las multitudes; y mantenga a sus familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales”.

davidguillenp@gmail.com