Región Sureste: Informalidad inmobiliaria, ¿quién debe combatirla?

La informalidad en la realización de actividades económicas constituye uno de los fenómenos que los estados nacionales deben combatir. Y no solamente porque produce condiciones de “competencia desleal” entre los participantes de distintos mercados, sino porque tiene múltiples repercusiones indeseables de muy diverso tipo.

Debido a su extendida presencia, incluso en las economías desarrolladas, la informalidad es vista como algo normal. Y aunque no es razonable proponerse erradicarla, pues incluso en países en los que tiene una presencia más baja, como Estados Unidos, donde se encuentra por debajo del 10 por ciento, es necesario entender que, a mayor informalidad, menor fortaleza de la economía nacional o regional.

Entre las múltiples consecuencias indeseables que produce la informalidad se encuentra la posibilidad de que el consumidor final sea víctima de una operación fraudulenta. Y entre mayor monto implique la operación, pues mayor es la afectación posible.

El señalamiento anterior aplica de forma precisa al caso del mercado inmobiliario, pues los montos que se encuentran en juego al momento de adquirir un predio, una vivienda, una nave industrial o un local comercial son altos. Por ello, justamente, este tipo de operaciones deberían estar “blindadas”.

Para desgracia colectiva, como lo consignamos en el reporte que publicamos en esta edición, la realidad se ubica muy distante de lo deseable. Y es que, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), más del 90 por ciento de las personas que en Saltillo se dedican al ramo inmobiliario operan fuera del Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios (REAI).

Los datos no dejan lugar a dudas respecto del tamaño de la informalidad y, por ende, del riesgo que corren quienes solicitan asesoría y/o acompañamiento en el proceso de adquirir un inmueble: en el padrón oficial del REAI figuran apenas 490 agentes registrados, pero se calcula que en la Región Sureste de Coahuila operan alrededor de 7 mil personas que han decidido convertir a la actividad inmobiliaria en una fuente de ingresos.

¿Cómo distinguir a una persona que cuenta con la información, la capacitación y los conocimientos para acompañarnos con certeza en el proceso de adquisición de una que no los tiene? Esa es una tarea de pedagogía que tanto la AMPI como las autoridades gubernamentales deberían realizar.

Porque el problema de fondo, en este como en todos los casos de informalidad, es exactamente el mismo: todos queremos “ahorrarnos” la mayor cantidad de dinero posible y por ello suena tan atractivo que alguien ofrezca “asesoría barata”.

Pero el riesgo que implica ahorrarse unos pesos claramente no vale la pena, pues si nos toca la mala suerte de caer en manos de una persona inescrupulosa o de involucrarnos en una operación con problemas legales, los costos que ello nos conlleve pueden resultar catastróficos.