Relevancia de la confianza y gobernanza en Latinoamérica
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El servicio público no debe entenderse como un sistema de trámites, sino como un conjunto de valores que lo comprometan éticamente con la sociedad y los ciudadanos
América Latina y el Caribe han sido testigos relevantes de avances institucionales en su historia reciente, tras el proceso de redemocratización desde 1980 hasta la fecha. En ese contexto, el Estado ha asumido un papel destacado en el crecimiento de los países de la región, desempeñando funciones clave como regulador, proveedor de servicios e incluso inversionista. A pesar de este importante desafío para hacer la transición del subdesarrollo al desarrollo, la situación se hizo especialmente evidente en las manifestaciones populares que tuvieron lugar en 2019, particularmente en Brasil.
En la publicación que, entre otros, elaboré con el Mtro. Augusto Nardes de Brasil y el Dr. Eber Betanzos, titulada “Gobernanza Pública: el reto de América Latina y el Caribe”, abordamos el tema de la gobernanza pública, un reto relevante para toda América Latina y el Caribe. Logramos avanzar en el contexto de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), al compartir trabajos conjuntos para fortalecer y enfrentar desafíos globales, especialmente los que conforman la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Asimismo, abordamos las cuestiones nacionales y locales que repercuten en el desarrollo económico y social de las naciones.
Uno de los temas abordados, necesario para implementar la gobernanza o política pública de las entidades subnacionales, ha sido la división de responsabilidades entre los distintos órdenes de gobierno y la población en áreas como la educación y la salud, lo cual exige una acción coordinada y eficiente para superar los desafíos.
Desde un principio pensamos que los gobernantes que han liderado, además de los esfuerzos técnicos, consideraban necesaria una eficiente coordinación interna y externa, capaz de impulsar una mejora integral y sostenible en las organizaciones y políticas públicas bajo su responsabilidad.
En el caso de México, se representó con grandes posibilidades de éxito el proyecto propuesto para América Latina y el Caribe. Esta iniciativa fue liderada por Eber Omar Betanzos, entonces secretario técnico de la ASF y encargado de la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS, quien se unió con los compañeros de Brasil.
Es importante destacar la labor desarrollada por el Tribunal de Cuentas de la Unión y el proceso de modernización estructural de Brasil, lo cual fue de particular relevancia debido a la complejidad de las instituciones y la coordinación necesaria para lograr una arquitectura constitucional federal, como en México y Brasil.
Países como México requieren niveles eficientes de gobernanza, plenamente consolidados en los tres órdenes de gobierno dentro del marco federal. Es indispensable, además, que se eliminen rezagos en cuanto a la disponibilidad de recursos materiales y financieros; se requieren también capacidades técnicas de los funcionarios y calidad de servicio a la sociedad. Por consiguiente, es relevante asumir que la gobernanza debe permear la totalidad de la administración pública de los tres niveles de gobierno para poder lograr el objetivo de mejorar sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos en nuestros países y que esta sea permanente y no estacional.
Es claro que el servicio público no debe entenderse únicamente como un sistema de trámites, sino como un conjunto de valores que lo comprometan éticamente con la sociedad y los ciudadanos, de forma que sus condiciones de vida mejoren con el apoyo de la acción gubernamental.
La importancia social de la confianza es un asunto vital para los ciudadanos, bajo las directrices de un proyecto económico, social y político renovado, pues es precisamente en dicha confianza en donde radica la credibilidad de las acciones que se lleven a cabo.
La rendición de cuentas y la transparencia son prácticas indispensables para lograr estos objetivos.