Retos de la coordinación fiscal

Los avances de nuestro Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) en los últimos años confirman la relevancia que tiene la coordinación gubernamental para fortalecer las haciendas públicas en la recaudación de impuestos, el ejercicio eficiente y transparente del gasto gubernamental y un adecuado manejo de la deuda pública local.

Desde entonces, las transferencias vía participaciones y gasto federalizado no tienen precedente en la historia de la coordinación fiscal. Ello se debe también a que se perfeccionaron mecanismos de colaboración administrativa, transfiriendo a estados y municipios nuevas facultades y responsabilidades, como la administración de los pequeños y medianos contribuyentes.

Esto se profundizó durante los primeros años de este siglo, cuando colaboré en la Secretaría de Hacienda.

Es evidente que lo anterior no es suficiente, ya que para pensar en términos de Nación tenemos que considerar también la dinámica de los ingresos estatales y municipales, la cual, en algunos de ellos, no ha sido la más óptima ni la más transparente.

Recuerdo que, hace 20 años, algunas entidades llegaron a cuestionar la calidad y veracidad de la información sobre la recaudación petrolera. Afortunadamente el Comité de Vigilancia del Sistema se abocó a revisar exhaustivamente el tema, con resultados positivos, y los gobernadores de la época avalaron el procedimiento de cálculo y su satisfacción con los resultados en relación con los excedentes. Sin embargo, se han presentado desde entonces conflictos e incluso demandas que me tocó recibir de alguna manera cuando estuve en la Secretaría de Hacienda a principios de este siglo.

Se crearon mecanismos institucionales para aclarar las diferencias, ya fueran temas de interpretación legal, de desconocimiento de la ley o, efectivamente, de una violación a la ley por parte de alguna autoridad estatal.

Un ejemplo en esa época fue el conflicto entre el municipio de Acapulco y el Gobierno de Guerrero, en tiempos en que el presidente municipal era Zeferino Torreblanca, a la postre gobernador del estado. Resulta interesante la controversia que presentó ante la Junta de Coordinación Fiscal, que se resolvió a favor del municipio cuando Torreblanca ya era gobernador.

Fue un hito donde las entidades federativas asumieron un frente común y lograron resultados positivos; hubo más conciencia entre las entidades federativas, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y las autoridades hacendarias.

Hoy el tema que puede suceder es que se ha logrado un gran avance en la fiscalización a nivel municipal: antes de 2018 sólo se auditaban unos cuantos municipios y solamente un fondo; al día de hoy se auditan todos los fondos participables y se ha logrado avanzar en casi la mitad de los ayuntamientos del país. Es una labor relevante en los últimos años, pero existen límites, por ejemplo, estados como Oaxaca, donde 400 municipios se rigen a través del sistema de usos y costumbres, como ocurre en diversos estados del sureste; sin embargo, los avances han sido importantes.

Lo anterior constituyó un avance relevante en la coordinación fiscal: su utilidad ha sido incuestionable como espacio de negociación y revisión de los diferentes foros de ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo como espacio de trabajo coordinado de corresponsabilidad en materia fiscal.

En esa época se incentivó en muchos estados la creación de sistemas estatales de coordinación fiscal; recuerdo particularmente relevantes los casos de Guerrero y Zacatecas, así como de otros estados en los que inclusive se contrataba la deuda pública municipal como fondo que se asignaba a aquellos municipios que tuvieran solvencia para el pago de la misma, en un ejercicio de coordinación municipal que realmente resultó relevante. Y no solamente se avanzó en esos estados con el catastro, el registro público de la propiedad y los sistemas de agua potable, sino también en la colaboración administrativa, la recaudación del predial, los temas jurídicos referidos a la relación estado-municipio, así como la transparencia y rendición de cuentas por medio de sus propios comités de vigilancia.

Todos temas importantes para la modernización de las agendas públicas municipales.

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