Repensar el futuro de México requiere un nuevo paradigma

Todo muestra que lo señalado en este espacio desde hace tiempo será realidad: ninguna fuerza política tendrá mayoría calificada en el Congreso y es probable que tampoco tenga mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Que esto suceda tendría el beneficio de escapar del modelo autoritario presidencial. Un Ejecutivo sin mayoría legislativa está obligado a negociar y a entenderse como parte de un todo, justo lo que no ocurrió por el triunfo arrollador de AMLO y aliados en 2018, y que en 2021 pudo alcanzar mayoría con la inclusión del PVEM y PT.

El beneficio es aparente porque un poder distribuido no es necesariamente virtuoso, menos cuando los jugadores políticos utilizan su fuerza legislativa para obtener concesiones poco honorables. Hace falta una crónica al margen del interés partidario o electoral de cómo, en el periodo 2000 a 2018, los coordinadores de las fracciones parlamentarias opositoras obtuvieron beneficios sin precedente. Los “moches” son uno de esos episodios ominosos y no necesariamente el de mayor impacto financiero. Rubén Moreira y Alejandro Moreno han repetido el precedente, aunque con menos eficacia por la falta de control sobre los senadores tricolores y porque el interés del régimen en ellos es menor, además de la oferta de impunidad ante su desempeño como gobernadores.

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Por esta consideración es fundamental que el futuro deseable necesariamente incorpore premisas que signifiquen que el poder dividido sea virtuoso para el país, no para los partidos o sus dirigentes. Si Morena es oposición tendrá que vivir el aprendizaje de la negociación auténtica y su presencia en gobiernos locales lo obligará a evitar la confrontación, como muchos gobernadores del PRI, PAN y MC en la actualidad, a pesar de la parcialidad y el interés partidista del Presidente.

El proyecto político de Morena es la suma de muchas visiones que no tienen cohesión ideológica. Ejemplos evidentes son la militarización, el sometimiento del Poder Judicial y del Legislativo o la degradación de las instituciones democráticas. Sería absurdo que Morena insistiera en el presidencialismo hegemónico que practica, avala y promueve el Presidente, si no se ganara la elección.

El caso de la oposición todavía es más complejo porque el eje unificador más poderoso ha sido contener la propuesta autoritaria de López Obrador. El riesgo mayor es que la fuerza parlamentaria bajo el control de Moreira y Moreno sea utilizada en beneficio de ellos, especialmente si los legisladores tricolores, en su conjunto y sometidos, sean el fiel de la balanza, el llamado partido bisagra. Las diferencias al interior del FAM (Frente Amplio por México) más que ideológicas −que las hay− son de interés, siendo necesario erigir el gobierno de coalición al margen del chantaje, o para la representación legislativa en caso de no ganar la presidencia.

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Lo mejor para la oposición de ahora es que la irrupción ciudadana sirva para un nuevo modelo del ejercicio de la política que incorpore lealtad, responsabilidad en el ejercicio del poder y probidad. Se puede transitar hacia una nueva realidad política temporal o emergente a manera de reconstruir el sistema democrático y sentar las bases para una nueva política, que pasa por la transformación obligada del sistema de partidos y por una agenda de cambios institucionales de nueva generación para una auténtica cuarta transformación, tarea a realizar no por unos, sino por todos, que no se limita a los partidos o a los políticos convencionales, también a la sociedad y a los ciudadanos.

Pensar el futuro va más allá de reivindicar a las instituciones y los valores de la democracia. Se trata de transitar por un nuevo paradigma inédito que se vuelve posible precisamente por el fracaso de López Obrador y el descrédito de las fuerzas políticas existentes, incluyendo a Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, el que ha jugado el papel de esquirol de la oposición. La idea de gobierno de coalición tiene alcances mayores en cuanto a sus objetivos. Es una oferta con enorme potencial en la medida en que no se trata de un reparto del poder entre los mismos de siempre, sino un planteamiento para una nueva relación entre la sociedad y el poder público.