Rescate en Pasta de Conchos: mucha polémica, pocos hechos

La Comisión Federal de Electricidad anuncio ayer la adjudicación de un primer contrato para la realización de los trabajos tendientes a materializar el “rescate” de los despojos de los mineros muertos en el accidente, ocurrido hace casi 16 años, en la mina Pasta de Conchos.

La obra, asignada al consorcio integrado por las empresas Desarrollo de Terracerías S.A. de C.V. y Proacon México S.A. de C.V. –la primera de estas propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña– implica una primera inversión superior a los 300 millones de pesos.

Las empresas contratadas deberán construir dos lumbreras, o tiros verticales, y las obras deberán arrancar en una semana, el 11 de febrero, poco más de una semana antes del aniversario de los trágicos hechos, para concluir más de un año después, el 6 de abril de 2023.

Que finalmente arranquen los trabajos de rescate, largamente ofrecidos, tendría que ser un hecho que saludaran quienes han esperado más de tres lustros a que el Estado Mexicano haga justicia en su caso. Extrañamente eso no fue lo que ocurrió ayer.

Lejos de la celebración, la organización Familia Pasta de Conchos criticó la asignación del contrato y descalificó la forma en la cual se decidió dar inicio a los trabajos de exploración de la mina colapsada por una explosión.

“Llevan dos años de retraso... en el plan de CFE en este mes debían estar llegando al área... Deben de iniciar las rampas porque es lo que más tiempo requiere y sin ellas estos tiros no sirven de nada”, señaló la organización que agrupa a los deudos de la tragedia, a través de su cuenta en redes sociales.

Adicionalmente criticaron el hecho de que la obra hubiera sido asignada a “otro de los consentidos de Palacio Nacional, el empresario Olegario Vázquez Raña” y dejaron entrever que se habría incumplido un compromiso establecido el día anterior y que consistiría en iniciar los trabajos con la construcción de las rampas de acceso que requiere la operación de rescate.

El enorme presupuesto que requiere la empresa –cuyo propósito es rescatar los despojos de individuos muertos, en caso de que existan– demandaría que al menos quienes son los beneficiarios directos de este esfuerzo estuvieran satisfechos porque finalmente se iniciarán los trabajos y ello implica acercarnos al punto en que se despejen las dudas respecto de lo ocurrido.

Pero si lo hecho –con cargo al presupuesto público y en detrimento de otras acciones que pudieran realizarse con ese dinero– ni siquiera satisface a quienes han reclamado largamente que tales acciones se lleven a cabo, cabe cuestionar cuál es la razón por la cual se tomó la decisión de adjudicar una obra que, con toda seguridad, se verá entorpecida –y acaso termine suspendida– por la inconformidad de sus beneficiarios directos.

Cabría esperar que la Comisión Federal de Electricidad –y el Gobierno de la República– asuman la necesidad de hacer un alto en el proceso y repensar si la ruta escogida para iniciar el rescate es la adecuada o merece una rectificación antes de que el asunto pudiera empantanarse otra vez.