Rocha Moya, otra vez al rojo vivo
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El tema de Zambada y de Rocha Moya volvió a ser un asunto de interés para Estados Unidos, que en sus diferentes reuniones con funcionarios mexicanos lo han estado ventilando
En las últimas semanas se levantaron alertas en el gabinete de seguridad por el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Una comunicación enviada por el gobierno de Estados Unidos informó que el Departamento de Justicia está ampliando las acusaciones en su contra para incluir el asesinato del diputado federal Héctor Melesio Cuén, con quien tenía un viejo diferendo, y vincular el crimen con el delito de conspiración para distribuir y comercializar droga en Estados Unidos, lo que elevaría de manera significativa la incriminación en su contra.
La comunicación no establece el tiempo en el que podría darse a conocer la nueva acusación, si puede construirse, pero de concretarse dejaría muy mal parados a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que colocaron una red de impunidad para Rocha Moya, a quien nunca le abrieron una carpeta de investigación por el asesinato de Cuén, luego de que el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, reveló que la Fiscalía de Sinaloa fabricó un caso que ocultó quiénes y por qué lo ejecutaron.
El asesinato de Cuén fue realizado el mismo día en que un comando estadounidense capturó a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y los entregó a las autoridades en Texas. Cuén, según la información oficial, había acudido a una reunión en una finca en Culiacán, a petición de Guzmán, para reunirse con Rocha Moya, en donde Zambada, amigo de ambos, serviría de mediador en un conflicto por el control de la Universidad de Sinaloa. La versión dice que Guzmán López traicionó a Zambada, quien es su padrino.
Aquella reunión fue programada para el 25 de julio de 2024 en la finca “La Higuerita”, en un fraccionamiento de residencias llamado “Huertos del Pedregal”, en las afueras de Culiacán, que era una zona controlada por el Cártel de Sinaloa. Nueva información, a la que se tuvo acceso, sobre lo que sucedió ese día, menciona que Zambada llegó un día antes y se hospedó en la casa de una de sus hijas, cerca de donde sería la reunión, a la cual llegó a pie, discreto como siempre había sido, acompañado de cuatro escoltas. “El Mayo” se dirigió a una especie de palapa donde sería la reunión, mientras sus guardias, como los de los demás, permanecían a distancia.
De acuerdo con esta nueva información, el comando estadounidense tomó por asalto la propiedad, eliminó a los guardaespaldas de Zambada y dejó vivo al de Rocha Moya, que decía tener un acuerdo con Estados Unidos. Sólo se llevaron a Zambada y Guzmán López a la casa de la hija de “El Mayo”, que tenía un viejo aeródromo clandestino inhabilitado desde hacía años, en donde aterrizó el turbohélice Beechcraft King Air, en el cual fueron trasladados a Estados Unidos.
El avión había estado previamente en un aeródromo a unos 20 minutos de ahí, controlado por el Ejército, en donde, según esta nueva información, le cambiaron la matrícula y borraron prácticamente todas las marcas que pudieran identificar su historia. Y desde ahí realizó el vuelo a la casa de la hija de Zambada.
Otro comando, según esta versión, llegó a hacer la “limpieza” –llevarse los cuerpos de los guardaespaldas eliminados– y dejó a Cuén malherido con un disparo en la pierna. Lo último que se supo del diputado federal es que lo subieron a uno de los vehículos que iban con Rocha Moya. El gobernador siempre ha negado haber asistido a la reunión, y dijo que ese día había viajado a Los Ángeles en un avión prestado por el empresario Jesús Vizcarra. En este espacio se informó en su momento que, en efecto, viajaron la familia y los cercanos a Rocha Moya, quienes se llevaron su celular para poder establecer la coartada de que no había estado en ese encuentro.
La Fiscalía de Sinaloa investigó el asesinato y concluyó que Cuén había sido asesinado en una gasolinera en un intento de robo. Sin embargo, la Fiscalía de Gertz Manero la desmintió y señaló que el crimen había ocurrido en “La Higuerita”. Quien fabricó la mentira fue Claudia Zulema Sánchez, actual fiscal en Sinaloa, por instrucciones de su entonces jefa, la fiscal Sara Bruna Quiñonez, contra quien no se inició ningún proceso por falsificar la investigación.
El encubrimiento absoluto a Rocha Moya por temas verificables –como la fabricación fallida sobre el asesinato de Cuén– se suma indirectamente a las acusaciones que alista el Departamento de Justicia contra él, que previamente lo imputó junto con nueve servidores públicos sinaloenses por haber facilitado las operaciones del Cártel de Sinaloa –en particular de Los Chapitos– a cambio de que lo ayudaran con dinero y acciones para amedrentar y secuestrar a candidatos de oposición en las elecciones de 2021, lo que le permitió ganar la gubernatura.
Estas acusaciones tomaron un vuelo diferente en las dos últimas semanas, cuando también se recibió información de que Jay Clayton, exfiscal de la Corte del Distrito Sur de Manhattan, donde se formularon los cargos contra Rocha Moya y nueve servidores públicos, estaba considerando retomarlas desde su nuevo puesto como director de Inteligencia Nacional, un cargo en la Casa Blanca que procesa toda la información de los servicios de inteligencia civiles y militares de Estados Unidos, para alertar al presidente y hacer recomendaciones de política.
El tema de Zambada y de Rocha Moya volvió a ser un asunto de interés para Estados Unidos, que en sus diferentes reuniones con funcionarios mexicanos lo han estado ventilando, sin aportar mucha información de lo que se traen entre manos, pero suficiente para prender las alertas en Palacio Nacional.
La protección de López Obrador a Rocha Moya puede entenderse: fuentes de inteligencia mexicanas sostienen que era su enlace con Zambada, con quien negociaban posiciones electorales. Pero la de Sheinbaum, en cambio, resulta inexplicable y ha sido motivo de una molestia contra el gobernador, que aún no se traduce en una decisión diferente a la actual: protegerlo. Incluso, en una reciente discusión en el gabinete de seguridad, se planteó la posibilidad de detener a Rocha Moya con fines de extradición, como lo solicitó el Departamento de Justicia, junto con políticos de más alto perfil, como parte de una negociación con el gobierno de Estados Unidos a cambio de que futuros casos, si hay información, sean procesados en México. Hasta ahora, la propuesta ha sido rechazada.
