Rubén Rocha Moya, ¿es ya un lastre para la 4T?

Muchos podrán decir que era algo esperable –sobre todo después del reporte que publicó, el pasado fin de semana, el periódico estadounidense Los Angeles Times–, pero lo cierto es que la noticia fue una auténtica sorpresa y tomó “fuera de base” a todo mundo. Y no es para menos: se trata de la primera ocasión en la historia en que un gobernador mexicano en funciones es acusado formalmente ante una corte del vecino país.

Los señalamientos, además, no son triviales: se le acusa de actuar al servicio de una organización criminal con el propósito de traficar drogas hacia los Estados Unidos y de acopiar armas.

“Como gobernador de Sinaloa, y tal y como prometió antes de su elección, Rocha Moya se ha asegurado desde entonces de que Los Chapitos hayan podido consolidar y ejercer un control casi total sobre las autoridades del orden público estatales y locales de Sinaloa, incluidas la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la Policía Estatal de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán”, se afirma en la acusación en su contra.

El asunto, sin embargo, no se limita al señalamiento contra el mandatario sinaloense: las autoridades de Estados Unidos han remitido ya al Gobierno de México la solicitud formal para que Rubén Rocha Moya sea detenido con fines de extradición, una petición que deberá ser atendida, de forma necesaria, en el marco de los acuerdos bilaterales en la materia.

Más allá de señalamientos y de que en este, como en cualquier otro caso, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, lo cierto es que la formalización de las acusaciones contra Rocha Moya se convertirá en un elemento de tensión en la relación bilateral.

Esto ocurriría, de manera fundamental, porque el gobierno de Donald Trump ha dejado claro que no tiene empacho en mezclar temas con tal de salirse con la suya. Y eso significa sólo una cosa: el caso del sinaloense puede ir a parar a la mesa de negociaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y convertirse en “elemento de negociación”.

Con razón o sin ella; con pruebas o sin ellas, lo que está claro en este momento es que el gobierno estadounidense quiere la cabeza del mandatario estatal y que, para lograrlo, no dudará en colocar contra la pared a la administración federal mexicana.

En este mismo sentido, también puede “subirle la temperatura” al ambiente haciendo públicas nuevas acusaciones que generen una presión imposible de soportar de este lado de la frontera.

Hoy, por lo pronto, el Gobierno de Claudia Sheinbaum deberá fijar una posición clara al respecto y ello implica encontrar un complejo equilibrio entre la exigencia interna de “solidaridad partidista” y la necesidad de no tensar de más las relaciones con Trump.

Y allí es donde, con alta probabilidad, se actualizará aquello de que el hilo siempre se rompe por lo más delgado...