Saltillo: ¿adiós a la vivienda económica?

Hace ya varios años que en la capital coahuilense −y, en general, en todo el Estado− se habla sobre la dificultad de edificar −y comercializar− viviendas para el segmento medio y bajo de ingresos. El incremento en el costo de la tierra es el principal factor que ha elevado el precio de las casas.

En términos estrictos, ningún desarrollador inmobiliario puede hoy edificar una casa cuyo valor comercial se encuentre por debajo de un millón de pesos. De hecho, de acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, la vivienda más barata que se puede encontrar hoy en el mercado saltillense tiene un precio de 1.5 millones de pesos.

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El propio delegado del Infonavit en Coahuila, Gustavo Díaz, reconoce que esas son las condiciones del mercado:

“Lo que hemos visto en los últimos siete años es una baja en la producción de la vivienda popular y económica, la que tiene un valor de 650 mil o valores inferiores, esa es muy escasa en todo el estado de Coahuila. Ahora se ha incrementado la producción de vivienda media residencial con los valores de un millón y medio”, ha dicho el funcionario.

La explicación más sencilla de esta situación es que se trata de las condiciones que el mercado impone: mayor demanda de tierra equivale a un incremento en los precios de esta y el crecimiento de dicho precio determina, en última instancia, el tipo de vivienda que es posible construir.

Se trata de un razonamiento claro y que podría pasar por contundente. Irrebatible, dirían incluso algunos.

Sin embargo, ante dicha explicación resulta obligado preguntar si quienes no perciben ingresos que les permitan adquirir una vivienda en las condiciones impuestas por el mercado deben “resignarse” a no ver colmada su expectativa en este sentido.

En otras palabras: el derecho a la vivienda, consagrado en nuestra Constitución, ¿es un derecho al que todo mundo debe y puede aspirar o es una simple expectativa que está sujeta a las reglas del mercado?

La respuesta es bastante simple en términos teóricos: no es posible que sea el mercado el que determine si las personas pueden o no acceder a sus derechos de manera plena, pues entonces ya no serían derechos, sino simples expectativas de incierta realización.

En términos prácticos, sin embargo, la respuesta no es tan simple, pues requiere del diseño e implementación de políticas públicas orientadas a garantizar que toda persona, independientemente de su nivel de ingresos, pueda acceder a una vivienda digna.

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Y eso es justamente lo que ha faltado hasta hoy: políticas públicas que pongan el acento en la posibilidad de que las personas puedan ejercer realmente sus derechos, lo cual implica, entre otras cosas, la intervención del Estado para regular el mercado y evitar que solamente quienes obtiene altos ingresos tengan acceso a la satisfacción de sus necesidades.

Cabría esperar una reacción en este sentido por parte de quienes tienen a su cargo las instituciones vinculadas con el tema.