Salvar a AHMSA y a la clase trabajadora

Aceptar la historia no implica validarla. El caso de AHMSA tocó el núcleo de la producción acerera latinoamericana y arrastra una narrativa de intereses más allá del desarrollo acerero, los cuales la llevaron a la quiebra.

Desde que dejó de funcionar, atravesada por escándalos y opacidad, poco o nada se sabe que, por ejemplo, fue una ciudadana monclovense quien literalmente regaló los terrenos sobre los que se construyó esta acerera, la cual inició operaciones en junio de 1944, cuando encendieron el primer horno, al que nombraron Guadalupe. Esta mujer, quien donó la tierra, siguiendo el consejo de su padre de apoyar el desarrollo de la ciudad y del país, jamás imaginaría que lo regalado no siempre es valorado. ¿Será que lo que no cuesta no se cuida?

La descendencia de esta familia, todavía en Monclova, ha optado prudentemente por el anonimato; esto no los aleja de sentir una enorme decepción al ver cómo esas tierras ahora se encuentran en manos de nadie, luego de haber significado desarrollo, pero también saqueo.

Más allá de la tradición contaminante de las industrias en México, apoyadas a veces más y a veces menos por un marco regulatorio proteccionista, lo que da cuenta del daño de la industrialización al planeta, precisamente por la ausencia de regulaciones específicas y por la voracidad económica, el cierre de AHMSA abrió una herida en la zona centro de Coahuila, que dejó sin empleo a una población que, en general, había desarrollado habilidades laborales relacionadas con esta industria.

La quiebra, que dio como resultado parálisis, inició en 2023, dejando a la fecha a más de 70 obreros fallecidos sin recibir sus finiquitos y al menos a 16 mil trabajadores –entre sindicalizados y de confianza– que llevan más de tres años sin recibir salario ni liquidación.

Por esto es descorazonador ver cómo esta clase trabajadora, que dio vida a la acerera, se encuentra en absoluta desesperación. Sólo el Gobierno Federal ha esbozado que serán los primeros en recibir sus pagos cuando se concrete su rescate; sin embargo, se estima que recibirán el 60 por ciento de todo lo que se les adeuda. Abogados también comentan que no todos se encuentran en las listas, las cuales hasta hace tiempo eran públicas, pero ahora, por arte de magia, son privadas, lo que dificulta a los extrabajadores consultar el estatus legal de cada uno. Solamente quienes tengan la papelería resuelta podrán iniciar un juicio laboral, es decir, pagar a un abogado para ver en qué estatus real se encuentran y luego –con el tiempo corriendo– ver qué se decidirá. Se estima que más del 10 por ciento de los extrabajadores están en riesgo de no recibir su finiquito.

¿Qué sería si en lugar de esta clase trabajadora fueran empresarios mineros extranjeros o políticos con negocios los que estuvieran en vilo? Lamento que mi reflexión esté habitada por la desconfianza y, por tanto, por la afirmación rotunda de que serían tratados de forma distinta.

Es realmente un acto que falta a la verdad que se afirme que lo que ocurrió con la acerera y su actual situación se debe a un “pleito” entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el entonces director de AHMSA, Alonso Ancira. Lo cierto es que AHMSA pudo operar mediante un esquema que le permitía financiarse a través de contratar deuda, lo que dicha acerera amparaba en su producción y activos, y esto generó un sobreendeudamiento. Sí se ha ventilado comúnmente la cancelación de la proveeduría de carbón térmico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la falta de pago de la acerera y también el congelamiento de cuentas bancarias.

La deuda total reconocida por AHMSA es de más de 3 mil millones de dólares y esta cifra supera casi tres veces el valor de los activos, avaluados en mil 326 millones de dólares. Si de aquí se tomara la deuda con la plantilla laboral, se tendrían que destinar 700 millones de dólares; además, pagar el adeudo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que es superior a los 64 millones de pesos.

Como se observa por los más de 80 años de existencia de esta siderúrgica, su quiebra no fue cosa de ayer ni de hace un par de años; es producto de un modelo de “administración” que ha permitido en el país realizar acciones que vulneran sectores energéticos clave para la soberanía nacional.

El vocablo “salvar” proviene del latín salvare, que significa mantener entero, librar de un riesgo o poner en seguro. Es un verbo que deriva de salvus, que refiere a sano, entero y a salvo.

¿Quién salvará a los trabajadores? ¿O sólo se buscará salvar mediáticamente a quienes declaran ante la prensa nacional e internacional, apostando al olvido de la tragedia real de miles de familias?