SCJN: Las elecciones judiciales en Coahuila son constitucionales

Hace algunas semanas, la Suprema Corte del país declaró la validez de la legislación de Coahuila que establece un modelo diferente del federal sobre la forma de elegir en forma popular a la judicatura del Estado.

El año pasado, la Constitución Federal estableció la obligación de todas las entidades federativas para adecuar sus constituciones y leyes secundarias, a fin de garantizar las elecciones populares en los cargos judiciales.

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Después de una gran polémica nacional, los tres poderes del Estado de Coahuila asumieron el deber de legislar su régimen local para garantizar las elecciones judiciales, a pesar de que no se compartían las formas ni el contenido de esta reforma que se aprobó con la mayoría calificada que tiene el gobierno presidencial actual.

Hoy en día esta reforma judicial es vigente. La otra SCJN, en su momento, desestimó la invalidez y, por ende, mientras no exista una resolución vinculatoria para el Estado mexicano que emita la Corte IDH, las entidades deben observarla para cumplir el orden legal, aunque en el fondo se haya desnaturalizado, de acuerdo con la Relatoría de Naciones Unidas, la esencia de la independencia judicial en su vertiente de acceder al cargo mediante procesos meritocráticos, objetivos y transparentes.

Pues bien, en Coahuila el gobernador del Estado convocó a los integrantes del Poder Judicial para integrar un grupo de trabajo para diseñar la reforma local. El reto fue construir en la medida de lo posible una reforma razonable que no afectara esencialmente las garantías judiciales dentro del margen de libertad configurativa que la propia Constitución Federal estableció para los poderes judiciales locales.

La clave constitucional para desarrollar un modelo propio fue el concepto “bases”, porque si bien el artículo 116 establece la obligación de los estados de legislar su reforma judicial conforme al modelo federal, no exige reproducir las mismas “reglas” porque los estados tienen una libertad de configurar de manera libre y autónoma su modelo de elecciones judiciales.

A partir de esta idea, en Coahuila existió la voluntad política para que los integrantes del Poder Judicial propusiéramos un modelo diferente al federal. La mayoría de los estados, sin embargo, siguieron las reglas federales y, por ende, reprodujeron los mismos problemas, costos, aporías e infuncionalidades que se han documentado desafortunadamente en las elecciones judiciales en México.

Coahuila, por tanto, optó por ejercer su autonomía que hoy reconoce la SCJN para legislar un modelo electoral de listas que, en cierta medida, pretende garantizar la independencia judicial, una mayor certeza y accesibilidad a la hora de votar y un menor costo institucional para operar la dificultad de este tipo de elecciones populares que representan una pluralidad de cargos judiciales.

Después de este proceso, Coahuila fue el lugar donde mayor votación existió, menor conflictividad existió y mayor certeza se dio a la ciudadanía para asegurar la funcionalidad del Poder Judicial.

Recuerdo que ciertas voces decían que este modelo diferente iba a generar una gran crisis, que se iba a generar una gran litigiosidad electoral y que, al final, la Federación iba a invalidar las elecciones judiciales. Iba a ser la elección más conflictiva. Eso pronosticaban muchos.

Por el contrario, la elección judicial en Coahuila, a comparación de la federal y de las otras entidades federativas, fue la de mayor certeza y menor conflictividad.

Hoy, la nueva Corte elegida popularmente reconoce que en Coahuila se ejerció esa libertad que la Constitución Federal permite a las entidades para adecuar su reforma judicial.

En Coahuila los actores judiciales, con la coordinación y apoyo de la voluntad política de los otros poderes, Ejecutivo y Legislativo, ofrecimos mayores garantías de estabilidad institucional para no afectar la función judicial en perjuicio de la ciudadanía.

Esa es la gran diferencia. Mientras unos promovieron el caos institucional, en Coahuila nos pusimos a trabajar para diseñar e implementar un modelo propio que cumpliera con los fines de las garantías judiciales.

EQUIPO TÉCNICO

En los momentos de crisis institucional, los liderazgos políticos son muy importantes para construir la voluntad política que asegure el debido funcionamiento de las instituciones.

El gobierno local actual demostró ese liderazgo y desde el Poder Judicial asumimos, con la asistencia técnica de la Academia IDH, que podemos construir soluciones institucionales para beneficio de nuestra comunidad, aun en situaciones complejas e indeseables.

Una vez que ha hablado la nueva Corte de que Coahuila hizo en forma válida su reforma judicial, lo que ahora toca es continuar trabajando en el proceso reglamentario de la transición judicial 2025-2027, para que los retos y desafíos de la nueva organización y funcionamiento del Poder Judicial se desarrollen de manera funcional.

Esa es la mejor manera de cumplir con el deber con la ciudadanía: mientras unos aspiran al caos, nosotros seguimos pensando en la mejor manera de ofrecer garantías a la ciudadanía para que tenga una mejor justicia.