Seguridad: ¿la única opción es militarizar?

Hace ya demasiado tiempo que en México se nos dice que la tarea estatal de garantizar la seguridad pública no puede concretarse a partir de la creación y consolidación de un cuerpo civil sino que es necesario involucrar a los cuerpos militares en la estrategia.

El argumento podía ser tomado por bueno al principio, debido a la existencia de un contexto de crisis en el que el Estado tenía la necesidad de reaccionar en forma inmediata pero carecía de los instrumentos necesarios para hacerlo con eficacia. Podía aceptarse, en esa circunstancia, que el involucramiento de personal castrense era “un mal necesario”.

Al respecto no puede haber duda: el Ejército no es una corporación entrenada para realizar tareas de seguridad pública porque su vocación es otra. No se trata de estar a favor o en contra de los elementos castrenses, sino de asumir que la formación militar no está orientada al desarrollo de las tareas que una comunidad requiere para proteger la integridad de sus miembros.

Por ello, aunque en un principio se acepte como un hecho inevitable el que elementos militares participen en tareas de seguridad pública, es indispensable que se asuma el compromiso de que esta participación sea necesariamente de carácter temporal.

¿Por cuánto tiempo? La mejor respuesta a dicha pregunta es: “el menos posible”. O, dicho de otra forma, el estrictamente necesario para que se consolide una fuerza de carácter civil capaz de cumplir con la tarea estatal de proteger a los ciudadanos y sus bienes.

Eso fue justamente lo que se ofreció al inicio del actual Gobierno de la República cuando se creó la Guardia Nacional y se planteó la posibilidad de que el Ejército pudiera ser convocado, en caso necesario, durante los primeros cinco años de existencia de dicha corporación.

El plazo podría calificarse de excesivo por algunos pero, en todo caso, parecía por lo menos suficiente. Sin embargo, aunque nadie reconoce de forma explícita que no lo fue, el Gobierno de la República ha planteado que solamente si la Guardia Nacional pasa a formar parte del Ejército podría consolidarse como institución garante de la seguridad pública.

Para lograrlo, se esta intentando una reforma a la legislación secundaria, que ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y el PRI ha propuesto prorrogar el plazo para que el Ejército siga en las calles, originalmente previsto hasta 2024, para que llegue a 2028.

El problema de fondo, sin embargo, es el mismo al que nos hemos enfrentado en los últimos tres sexenios: la incapacidad del Gobierno de la República de concebir, impulsar y consolidar una fuerza policial de carácter civil que se haga cargo de la tarea.

Decir que no hay otra opción implica renunciar incluso al uso de la capacidad de imaginar soluciones y eso es algo que no podemos ni debemos aceptar. Podría tomar más tiempo del inicialmente proyectado, pero debe ser posible y el Gobierno de la República tendría que comprometerse con ello.