Ser periodista en México: profesión de alto riesgo
El pasado 2 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la fecha se eligió en recuerdo del asesinato de dos periodistas franceses en Mali, el 2 de noviembre de 2013.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó dicho día para reconocer los riesgos específicos a los que se enfrentan las personas periodistas, la importancia de adoptar un enfoque de género, destacar la impunidad que prevalece en estas agresiones
y, sobre todo, instar a los Estados a adoptar las medidas necesarias para erradicar la violencia contra quienes ejercen dicha labor.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, por delante de países en guerra como Ucrania y Yemen. Las cifras así lo demuestran: más de 156 asesinatos de periodistas desde el año 2000 a la fecha; el 2022 ya se convirtió en el más letal, desde que se tiene registro, con 15 periodistas asesinados en lo que va del año; aunado a por lo menos 21 periodistas desaparecidos desde el año 2005.
A lo anterior se suma la tasa de impunidad mundial de asesinatos de periodistas: 86 por ciento, según datos de la UNESCO. En lo particular, México no se queda atrás, pues es el país con mayor número de crímenes contra este gremio sin resolver, según el Índice Global de Impunidad 2022, publicado este martes por el Comité para la Protección de los Periodistas.
Al respecto, los Relatores Especiales sobre libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe conjunto publicado en 2018 destacaron que México ha realizado escasos avances en la erradicación de la impunidad desde 2010, calificando como inadmisible que el gobierno siga sin investigar exhaustivamente estos delitos y juzgar a los responsables, asimismo, expresaron su preocupación por la falta de mecanismos para supervisar el avance de las investigaciones y la eficacia de las medidas de rendición de cuentas existentes.
Un caso muy mediático que conviene destacar es el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, quien en conferencia de prensa le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador “temo por mi vida”, tres años antes de ser asesinada el 24 de enero de 2022, en su automóvil, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Lourdes había solicitado medidas de protección por las amenazas recibidas por su trabajo.
Así, los crímenes perpetrados contra periodistas tienen un triple efecto: I) constituyen no sólo un ataque directo a la libertad de expresión, sino a un conjunto de derechos como la integridad personal, la vida y la libertad de pensamiento de la víctima; II) tienen un efecto silenciador con las otras personas periodistas: se privilegia sobrevivir; y III) afectan a toda la sociedad, pues al impedir la divulgación de la verdad se crean vacíos que vulneran el derecho de acceso a la información.
Luego, la impunidad daña gravemente a la sociedad, pues es un incentivo para los criminales ante las nulas posibilidades de ser castigados, encubre violaciones a derechos humanos, deja a las víctimas sin justicia y es síntoma del desmoronamiento del sistema judicial.
El estado mexicano tiene obligaciones internacionales de prevenir, proteger, investigar y sancionar a los responsables de crímenes contra periodistas en forma proporcional a la gravedad de los delitos cometidos con el fin de abatir la impunidad.
Además tiene la obligación de proporcionar y propiciar las condiciones necesarias para que las personas periodistas puedan realizar su labor con libertad, seguridad y sin interferencias.
Erradicar la violencia y la impunidad en los crímenes cometidos contra periodistas será un paso fundamental para garantizar la libertad de expresión, misma que constituye una piedra angular de la democracia y de un estado de derecho.
La autora es investigadora del Centro de Estudios
Constitucionales Comparados de la Academia
Interamericana
de Derechos Humanos
Este texto es parte
del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA
y la Academia IDH