Sumisión de Congresos locales, son oficialías de partes
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Los Congresos locales sólo aprueban o rechazan como acto jurídico las reformas. Políticamente deciden los partidos nacionales que obedecen al presidente o los gobernadores
Cierto es que actualmente el Congreso de la Unión es una simple oficina para recibir las órdenes del Poder Ejecutivo y que los Congresos estatales son eso, meras oficialías de partes.
Es la crisis de representación política que padecemos en esta nación. Lo dijo Jaime Cárdenas Gracia (futuro ministro de la SCJN, orgullo de Parras) en un excelente ensayo que publicó en 1992 sobre la crisis de representatividad democrática en México: “Los resultados de los procedimientos democráticos en ocasiones no son justos porque la democracia en condiciones de aplicación práctica no es un sistema procesal puro, sino imperfecto, lleno de distorsiones y manipulaciones”.
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Y la manipulación es manifiesta en el caso de legisladores locales y federales que obedecen sin chistar a los partidos con registro nacional y a los poderes ejecutivos. Hay excepciones dignas de mención porque son incidentes digamos que anormales. Recordamos dos casos de disenso significativo entre diputados contra las órdenes del presidente de la república en turno y otros dos muy recientes protagonizados por los senadores Miguel Ángel Yunes (contra el PRI) y Javier Corral (contra Morena).
El caso más desafiante fue el de Víctor Manzanilla Schaffer, diputado federal priista por Yucatán (50 Legislatura 1976-1979), que se opuso a una iniciativa del presidente José López Portillo, causando un gran revuelo en los tiempos de férrea disciplina institucional. La mayoría priista en San Lázaro era aplastante y ante el asombro del rebaño el diputado Manzanilla Schaffer reiteró desde tribuna: “Y volveré a disentir”. Nada pasó, luego don Víctor fue senador y gobernador.
Otro caso ejemplar fue el de la 57 Legislatura de Coahuila con aplanadora priista de 19 curules más otros 6 de sus rémoras (PRD-UDC-PVEM), donde la auténtica oposición del PAN, con 9 diputados, defendió sin éxito la reforma electoral del presidente Felipe Calderón aprobada en el Congreso de la Unión y también por 30 Congresos locales, siendo la Legislatura de Coahuila, liderada por Francisco Saracho Navarro, el único Congreso que a nivel nacional se opuso, no porque Saracho hubiera querido, ni Dios lo mande, sino porque así lo decidió y ordenó el entonces gobernador Humberto Moreira Valdés.
Los Congresos locales son intrascendentes ante las reformas constitucionales. Son auténticas oficialías de partes a las cuales se remiten los decretos de reforma o adiciones, y las aprueban en automático. Recientemente hemos visto aprobaciones “al vapor”, a media noche, sin leer ni discutir lo ordenado desde el centro. Los Congresos locales sólo aprueban o rechazan como acto jurídico las reformas. Políticamente deciden los partidos nacionales que obedecen al presidente o los gobernadores que dan la orden a sus obedientes diputados. Y nada bueno podemos esperar de este esquema que nos somete a un federalismo arcaico, inequitativo, abusivo y viciado de origen, según lo dijo Luis Mora en alusión a nuestro recurrente centralismo desde los albores de nuestra nación.
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Bien haría el Congreso local en rechazar de manera testimonial la prohibición de vapeadores. Esa reforma ya disparó el mercado negro y más sangre correrá en las calles por este capricho de AMLO.
De todas formas, este congreso local, como todos, es intrascendente a nivel central. Nos queda el recuerdo inmarcesible del 22 Congreso local que desconoció al dictador Victoriano Huerta.
Y al margen hacemos esta justa petición: recuerde usted votar por Jaime Fernando Cárdenas Gracia para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un coahuilense ejemplar que ha demostrado ser honesto a carta cabal.