Torreón: ¿hizo del 2021 un ‘Año de Hidalgo’?

Uno de los vicios más largamente señalados al servicio público en México es la escasa –casi nula– voluntad de nuestros políticos, sin importar su origen partidista, por sustraerse a la tentación de utilizar el presupuesto público para su beneficio personal.

Más aún: el reclamo fundamental de la ciudadanía deriva de la impunidad con la cual han actuado históricamente quienes debieran procurar el uso pulcro y eficiente de la hacienda pública pero que, pese a ser reiteradamente señalados por los desvíos y excesos en los cuales incurrieron, han logrado evadir el castigo correspondiente.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, en su Informe de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2021, de la cuenta pública del municipio de Torreón.

De acuerdo con los datos expuestos por el ente fiscalizador, una de las observaciones más importantes realizada a la cuenta pública del último año de la administración que encabezó Jorge Zermeño es el incremento de 113 millones de pesos en el costo de la nómina respecto del período previo.

Para decirlo con mayor claridad: de enero a diciembre de 2021, la administración municipal de Torreón gastó, en promedio, casi 10 millones de pesos mensuales más que en los 12 meses de 2020. De acuerdo con los criterios de la ASE, dicho incremento fue injustificado.

Por supuesto que para llegar a una conclusión como la anterior lo que se utiliza son las herramientas contables y los instrumentos que existen para evaluar la calidad del ejercicio presupuestal. Si el número de empleados es esencialmente el mismo, o si no existieron hechos extraordinarios que justificaran nuevas contrataciones, la explicación sólo puede encontrarse en el incremento de los salarios.

Y eso, aunque no justifica lo hecho, es decir, no encuadra en ninguna norma que otorgue facultades para decretar incrementos desproporcionados en el salario de los servidores públicos, y menos en el tramo final de la administración, si encuentra explicación en una de las más deplorables tradiciones de la vida pública en México: el famoso “Año de Hidalgo”.

Más allá de las explicaciones que puedan darse sobre la forma en la cual se cometieron estas irregularidades, habrá que insistir en un hecho puntual: el problema esencial con este tipo de fenómeno es que, más allá del escándalo mediático que provocan, no produce ningún resultado alineado con los intereses colectivos.

Por ello, lo que debemos preguntar a las autoridades responsables de dar seguimiento a estas observaciones, es si van a hacer algo útil, más allá de lucrar políticamente con los resultados de la auditoría. Porque esta es una película que ya hemos visto demasiadas veces y la ciudadanía espera que alguna vez termine de forma diferente.

Si lo que va a pasar es lo mismo de siempre, es decir nada, lo mejor sería que renunciáramos de una vez a la aspiración de que el presupuesto público se ejerza con eficiencia y honestidad.