Tren Interoceánico: ¿es una pifia más de la 4T?

Con un saldo de 13 personas fallecidas y 98 heridas, 36 de las cuales se encontraban hospitalizadas al cierre de esta edición, ayer se registró la primera tragedia en la nueva era de los trenes de pasajeros en México, la cual fue inaugurada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador hace apenas dos años.

El accidente se registró en la sierra de Oaxaca, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en las inmediaciones de la comunidad zapoteca de Nizanda, cuando un convoy integrado por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros se descarriló, precipitándose uno de ellos a un barranco de 50 metros de profundidad.

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Hasta anoche, como resulta previsible, no se conocía ninguna versión oficial respecto de las probables causas del accidente y los esfuerzos oficiales se concentraban en el rescate de los cuerpos de las víctimas, así como en la atención de quienes resultaron lesionados.

De forma inevitable, sin embargo, el hecho provocará una discusión pública relevante en los próximos días, entre otras razones, porque se trata de una de las obras realizadas en el sexenio pasado que estuvieron envueltas en escándalos de presunta corrupción.

La oposición política no dudará en utilizar el hecho como arma arrojadiza en contra del régimen de Morena, tal como lo ha hecho a lo largo de los últimos siete años. El oficialismo, por su parte, intentará vender la narrativa de que se trató de un accidente que, por definición, no pudo ser previsto.

Sin embargo, un detalle particular rema en contra de la narrativa oficial: la línea ferroviaria que une a Coatzacoalcos, en Veracruz, con Salina Cruz, en Oaxaca, tenía apenas dos años de operar, luego de una inversión que se calcula entre 50 mil y 85 mil millones de pesos.

Estamos pues, hablando de una obra “nueva”, de un proyecto que no debería presentar debilidades o fallas que provocaran una tragedia como la de ayer. Eso hará más difícil que se venda con facilidad la narrativa de que las críticas, que ya iniciaron desde ayer, tienen solamente el propósito de lucrar políticamente con una tragedia.

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Habrá que esperar, desde luego, a que las investigaciones oficiales sobre lo ocurrido expongan un dictamen puntual sobre las causas que provocaron el descarrilamiento. Desde ahora puede adelantarse, sin embargo, que dicho dictamen, sea cual sea, solamente provocará una nueva oleada de especulaciones y servirá únicamente para avivar el debate político.

Eso implicará, como suele ocurrir en nuestro país, que las personas fallecidas, así como las lesionadas que terminen con secuelas permanentes, pasen a segundo plano porque lo importante, para las facciones políticas en pugna, será ver quién obtiene mayores dividendos de lo ocurrido. El corolario puede escribirse desde ahora: habrá mucho ruido durante varias semanas y, al final, el asunto será dejado atrás cuando surja el siguiente escándalo que lo desplace.