Tres jarros

La Tesorería Municipal de Arteaga estaba compuesta por tres jarros.

Dije bien; no leyó mal el lector: de tres jarros constaba el erario de Palomas. Y no se hallaban en la alcaldía tales jarros. Los guardaba en su casa don Antonio Dávila Peña, alcalde del lugar, en una alacena empotrada en la pared, alacena cuyas puertas cerraba con tres llaves que entregaba solemnemente a doña Cuquita, su señora, para que las pusiera a buen recaudo.

Uno de esos jarros, el más pequeño, correspondía a la recaudación municipal. El de en medio, mediano, guardaba los tributos del Estado. El tercero, mayor y más gordo de todos, servía para recoger los impuestos pertenecientes a la Federación.

Don Marcial el cuetero, gendarme municipal, tenía entre sus obligaciones y facultades la de cobrar los dineros que debían pagar los ciudadanos por esos tres conceptos. A nadie daba recibo por el pago, ni lo solicitaba del alcalde cuando al final de cada día le entregaba en un costalito de ixtle la cobranza. Todo se hacía bajo la más estricta honorabilidad.

Una vez al año, don Antonio enviaba a Saltillo lo recaudado para el Estado y la Federación. Lo hacía mediante oficio cuyo texto sacramental, el mismo siempre, decía así:

“...En nombre de Dios Todopoderoso, Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y amparados dentro del seno de la Santa Madre Iglesia, mandamos con Marcial el cuetero, alguacil de este lugar, dos talegos de dinero, uno para la Federación y otro para el Estado. Juramos ante Dios Todopoderoso, Santísima Trinidad, y ante los Santos Apóstoles, que el dinero que se cuenta en cada uno de esos talegos es lo fielmente recaudado, pues fue vaciado de los jarros destinados a ese servicio frente al altar del Santo Cristo de la Capilla, en el Saltillo, en presencia de mi compadre Cruz Sánchez y de don Facundo Flores. Ellos se encargarán de entregarles a los señores de la Federación y al Gobernador lo que les toque a cada uno. Firmado: el Presidente Municipal, Antonio Dávila Peña. Su Secretario, Jesús Cárdenas...”.

Tal fórmula, redactada por don Chuy el Secretario, era sacada al pie de la letra de la que se empleaba en las parroquias para enviar al Obispado los dineros de las limosnas. Ninguna otra conocía don Jesús, y así adaptaba ese tal texto eclesiástico para servir a las necesidades del gobierno civil.

Aceptaban el oficio las autoridades –a ellas lo que les interesaba era el dinero, nada más– y sólo hasta muchos años después, con la llegada de las Leyes de Reforma, se prohibió usar en las comunicaciones oficiales el nombre de Dios y de su nutrida corte celestial.

Después de esas famosas Leyes de Reforma llegó la Ley del Timbre. Esta salió del caletre de José Ives Limantour, economista tecnócrata perteneciente al gabinete de don Porfirio Díaz. Como el Gobierno Federal necesitaba arbitrarse fondos para sostener a su burocracia y al Ejército, este señor Limantour, ayudado por don Ramón Corral, puso en vigor aquella malhadada Ley del Timbre por la cual toda transacción entre particulares, o entre éstos y las entidades públicas, debía constar en un papel, el cual llevaría visible un timbre vendido por las oficinas de la Hacienda Pública, estampilla sin la cual ese papel no tenía ningún valor y quedaba nulo.

La disposición causó gran malestar entre la gente. El ingenio popular puso en una cuarteta ese disgusto:

Ahora la gente pobre

no podrá comer tortilla,

pues cada grano de máiz

quieren que lleve estampilla.

Cosas de otros tiempos. Parecidos, en cuestión de impuestos, a los que vivimos ahora.