Útiles escolares ‘por las nubes’; ¿amenazan el derecho a la educación?

La carestía que padecemos, sobre todo en el norte del país, es un fenómeno que no cede, así como el impacto negativo que tiene en la economía familiar. Uno de los aspectos en los cuales se refleja es el encarecimiento de los elementos que conforman el paquete de útiles escolares solicitado a los alumnos en las escuelas de educación básica.

De acuerdo con datos que publicamos en esta edición, los precios de cuadernos, lápices, plumas, colores o carpetas, artículos esenciales en cualquier paquete escolar, se han incrementado hasta en 50 por ciento, hecho que impacta, sobre todo, a las familias de menores ingresos.

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La cadena alcista, de acuerdo con quienes comercializan estos productos, ha comenzado con los proveedores de los artículos que, a diferencia de los incrementos más o menos normales de los últimos años -uno o dos pesos-, en esta ocasión han llegado con alzas de más de 10 pesos.

Así, quienes tienen más de un hijo en edad escolar enfrentan un problema serio para cumplir con las exigencias de las instituciones educativas donde estudian sus hijos, pues el desembolso debe hacerse de una sola vez.

Frente a tal realidad resulta obligado preguntarse si la presión inflacionaria puede tener un efecto que implique incluso poner en riesgo el derecho a la educación de los niños. La pregunta es pertinente porque la presión económica que este hecho representa, en efecto podría derivar en que algunas familias decidan ya no enviar a la escuela a sus hijos.

Puede ocurrir también que, incluso asistiendo a la escuela, el hecho de no contar con los materiales solicitados implique una suerte de “discriminación” hacia los alumnos provenientes de familias pobres, lo cual podría tener otros impactos indeseables.

Analizar el fenómeno y sus posibles implicaciones resulta obligado sobre todo si consideramos dos elementos: por un lado, el hecho de que los efectos negativos de la pandemia sobre la calidad de la educación en México no han podido ser revertidos aún y, por el otro, el que la educación es el principal instrumento de movilidad social en países como el nuestro.

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En este sentido, la intervención del Estado es indispensable para prevenir y, en su caso, compensar las asimetrías que el fenómeno inflacionario genere en la formación de los niños y adolescentes. Soslayar este hecho podría derivar en la profundización de las desigualdades que ya padecemos afectando más, como ocurre en estos casos, a los más débiles.

Invertir en la educación, sobradamente demostrado está, es el mejor destino que podemos darle al dinero público. Por ello, cabría esperar que frente al fenómeno de alza de precios que estamos viviendo en este rubro, se registre una intervención en apoyo de las familias de menores recursos.

Porque la garantía del derecho a la educación no se surte únicamente con la existencia de escuelas y profesores que las atiendan, sino asegurando que ningún niño se quede atrás por falta de los elementos indispensables para asistir a la escuela en condiciones óptimas.