Verdad y justicia, necesidades en casos de Pasta de Conchos y Allende
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La CNDH reconoce que se debe apelar al esclarecimiento de los hechos y al rescate de la memoria de las víctimas
El 19 de febrero se cumplieron 20 años del siniestro en la mina de Pasta de Conchos, en donde murieron 65 trabajadores. Y esta semana trascendió la noticia de que la llamada masacre de Allende podría tener una justicia transnacional al revivir el caso en una corte de Estados Unidos, en donde las autoridades buscan demostrar la responsabilidad de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”.
En ambos casos, hay un reclamo común: la necesidad de verdad y de justicia.
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Si bien en el caso de Pasta de Conchos las autoridades realizan desde hace cuatro años trabajos para recuperar los restos de los 63 mineros que quedaron enterrados, las familias coinciden en que el caso no concluye con la recuperación de los cuerpos, sino que se necesita verdad y justicia; se requiere saber qué pasó y que haya responsables.
El caso lo atrajo la Fiscalía General de la República (FGR) y en su reciente visita a Coahuila, la fiscal Ernestina Godoy aseguró que las carpetas de investigación siguen abiertas. Sin embargo, en la narrativa, los gobiernos (de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum) siempre han recalcado que es prioritario el rescate.
En el caso de la llamada masacre de Allende, se sabe que la investigación está empantanada en la justicia estatal y federal, aunque el fiscal de Coahuila, Federico Fernández, declaró en la semana que existen 29 órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto, entre ellos, homicidio, secuestro agravado y delincuencia organizada.
En el caso Pasta de Conchos, la empresa Grupo México ha permanecido impune y hasta el momento no hay ningún señalamiento penal por presuntas omisiones o acciones que llevaron a la muerte de 65 carboneros.
En el caso de Allende, las autoridades de gobierno que permitieron la masacre siguen intocables.
En el caso de Pasta de Conchos ha habido indemnizaciones y apoyos a las familias, pero pagados por el gobierno, no por la empresa.
En el caso de Allende, es fecha que a las familias afectadas no se les da una reparación integral del daño, a pesar de que existe una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Salvo la disculpa pública de hace unos años, lo demás ha quedado en el olvido. Inclusive, debido a que las comisiones de Atención a Víctimas no han cumplido, un grupo de víctimas directas ha tenido que recurrir a un amparo para que se cumpla con la reparación del daño.
En el caso de Pasta de Conchos, las familias quieren saber qué pasó en la mina, pues en su momento les aseguraron que sus familiares habrían quedado pulverizados, hechos cenizas; hipótesis que se está cayendo con los restos que ya han sido recuperados.
En el caso de Allende, la CNDH recomendó, por ejemplo, realizar un censo para conocer el número de víctimas de desplazamiento forzado interno derivado de los hechos, pero es fecha que no se conoce, como también sigue siendo incierto el tema del total de personas desaparecidas y asesinadas.
AL TIRO
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que el derecho a la verdad es la respuesta ante la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental.
La CNDH reconoce que se debe apelar al esclarecimiento de los hechos y al rescate de la memoria de las víctimas.
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Mientras que, de acuerdo con órganos internacionales, el derecho a la justicia implica la investigación, procesamiento y sanción de los responsables.
Todo esto es clave para lograr garantías de no repetición, las cuales son cruciales si no queremos que se repitan futuras violaciones, masacres o siniestros mineros.
La pregunta: ¿Habrá verdad y justicia en Pasta de Conchos y en Allende?
