El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores surgió el 24 de abril de 1972, como organismo descentralizado de aportación tripartita (trabajadores-empresas-gobierno federal).
Fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que se privó al instituto de construir viviendas y sólo se le atribuyó el financiamiento para la adquisición a través de empresas constructoras; más aún, en el sexenio de Ernesto Zedillo el crédito se limitó sólo a “viviendas construidas”, sin financiamiento para ampliación o construcción propia, lo que derivó en construcciones de casas en serie, limitadas en espacio y movilidad, con consecuencias negativas de convivencia familiar y comunitaria. El gobierno federal actual se propone revertir estas decisiones del Estado gerencial de libre mercado.
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Con 469 votos a favor, el 23 de octubre pasado la Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 123 constitucional para devolver al Infonavit la atribución de comprar terrenos y construir espacios habitacionales, además de ofrecer opción de renta de viviendas antes de su adquisición.
Con presupuesto de 600 mil millones de pesos, el instituto referido construiría 500 mil viviendas del millón de éstas que tiene como meta en seis años el gobierno federal, además del otorgamiento de 250 mil créditos para mejoras habitacionales con presupuesto de 20 mmdp; además, se propone recuperar 10 por ciento de viviendas abandonadas en el país -casi un millón- para remozarlas y colocarlas en el mercado.
El programa de Vivienda para el Bienestar (FINABIEN) permitirá regular precios habitacionales populares, además, operará en coordinación con gobiernos estatales que así lo decidan, sobre todo en la aportación o adquisición de terrenos.
Sin embargo, a reserva de que la iniciativa privada construya 500 mil viviendas a través de la Comisión Nacional de Vivienda, representantes patronales y de trabajadores califican como retroceso que el Estado construya viviendas dignas y a precio accesible, es decir, proponen la continuidad del modelo neoliberal, como si sólo aumentar oferta reduce precios de vivienda popular.
La representante del sector laboral, Claudia Esqueda Llanes, se opone al programa, comprensible porque es militante del PRI desde hace cuatro décadas y es subsecretaria de Relaciones de la CTM, ya que perderían la red de influencia en asignación corporativa de créditos y construcción. Sí es entendible que José Medina Mora, presidente de Coparmex, se oponga a la estrategia y argumenta que la empresa constructora estatal iniciaría operaciones entre 18 y 24 meses y requeriría de más de 10 mil personas en su estructura organizacional.
Según BBVA (VANGUARDIA, 10-10-24) de 2016 a 2022 el precio promedio de las viviendas en el país creció 56.9 por ciento, mientras que los ingresos laborales para dicho efecto sólo aumentaron 2.5 por ciento. El propio Infonavit registra cartera vencida de casi 19 por ciento, con créditos de salario promedio de 12 mil pesos mensuales, sin que se prevea la venta de dichos activos (sacar del saldo) dado que no es banca comercial. En la primera mitad de este año la construcción de vivienda popular se ha incrementado en 14 por ciento respecto al año anterior, sin embargo, existe al menos 8 millones de déficit en viviendas en el país, además 60 por ciento de construcciones habitacionales requieren ampliación o mejoras. Por otra parte, se señala que en la banca comercial el financiamiento hipotecario a familias se contraerá 4 por ciento real en este año.
Es evidente que el sector privado -o el mercado- no ha podido resolver esta problemática, aun teniendo la exclusividad de construcción habitacional durante décadas, porque no atendió necesidades de la clase trabajadora en su entorno familiar, social y laboral, desde el diseño de las casas hasta su ubicación territorial, lo que generó situaciones dramáticas de relaciones humanas en miles de colonias populares.
Más que la perspectiva de mercancía, de privilegiar el negocio, el lucro y la ganancia -y la corrupción-, es deber del Estado garantizar la vivienda digna como un derecho humano básico. Prosperidad compartida. Avanza el Estado de bienestar con responsabilidad social.
