¿Y el ‘Papayita’? O, ¿cómo tapamos el pozo?

Carlos Gurrola Arguijo, conocido como el “Papayita”, era un trabajador de limpieza de 47 años, contratado por Multiservicios Rocasa para laborar en HEB Senderos. Falleció el 18 de septiembre de 2025, después de permanecer hospitalizado tras ingerir una sustancia corrosiva, presuntamente un desengrasante, en su centro de trabajo. Su familia denunció acoso laboral previo y una posible alteración de su bebida. Más de un año después, sigue exigiendo justicia (El Siglo de Torreón: 11-09-2026).

¿Qué hicieron, además de tapar el pozo, la Fiscalía General de Coahuila y la Secretaría del Trabajo estatal?

La Fiscalía no acreditó una relación penal entre la muerte del “Papayita” y una agresión por parte de sus compañeros. Hizo, por tanto, a un lado las denuncias por acoso laboral y la posible alteración de la bebida por parte de ellos.

La misma Fiscalía abrió una investigación penal y recabó pruebas; realizó más de 10 declaraciones, inspeccionó el lugar y revisó videos, pero no hubo esclarecimiento satisfactorio de lo ocurrido ni sanción a HEB o Multiservicios Rocasa.

Aunque revisó las condiciones laborales de ambas empresas e informó al Congreso Local de dichas inspecciones, estas nunca se hicieron públicas y no hubo resolución sancionadora.

El fiscal Federico Fernández visitó a los familiares el 25 de septiembre de 2025 y les presentó avances. Pero, de acuerdo con los padres de el “Papayita”, no hubo continuidad en el acompañamiento.

Por su parte, la Secretaría de Trabajo estatal anunció que coordinaría su investigación con autoridades laborales federales. Sin embargo, no existe información pública de la resolución conjunta de dicha coordinación.

La misma dependencia aseguró que revisaría los protocolos contra la violencia laboral en este caso y posteriormente informó que no encontró evidencia de implementación de un procedimiento previo en las empresas involucradas. Pese a ello, no existe evidencia pública de correcciones o sanciones verificadas a HEB y Rocasa por incumplimiento de los mismos.

Fiel al manual oficial, el gobierno estatal declaró de manera pública que aplicaría todo el peso de la ley a los responsables para evitar la impunidad, pero no existen, al día de hoy, sanciones penales o administrativas acreditadas públicamente a los responsables.

El 4 de noviembre de 2025, Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía en la región Laguna, anunció que “la investigación estaba por concluir porque no se había acreditado un hecho delictivo. También afirmó que se habían logrado acuerdos con la empresa” (El Siglo de Torreón: 04-11-2025). Sin embargo, sus dichos no acreditan que esos compromisos se hayan pagado o cumplido de alguna manera.

En cambio, “el 10 de septiembre de 2026, los padres del ‘Papayita’ aseguran que no han recibido indemnización”. Tampoco han cobrado las incapacidades correspondientes al periodo en que permaneció internado en el IMSS, ni la prestación de los servicios funerarios, ni lo correspondiente al Infonavit. Su padre y madre desconocen en qué estado se encuentra ese trámite.

“La Fiscalía tampoco les informó en qué terminó la investigación. La autoridad, no obstante, declaró públicamente que no hubo delito que perseguir” (Meganoticias: 10-09-26).

Su testimonio no sustituye la revisión del expediente, pero contradice una interpretación del cumplimiento de una justicia laboral integral; al mismo tiempo demuestra la brecha entre discurso institucional y resultados efectivos en la protección de los trabajadores.

Finalmente, la Fiscalía General de Coahuila y la Secretaría del Trabajo estatal cumplieron con las formalidades del caso para tapar el pozo, pero incumplieron con la sustancia del mismo: aplicar sanciones a los responsables y reparar el daño para la familia. Por tanto, soslayaron hacer justicia a quien la merece; sin distingo alguno, por condición física o clase social.