Y la ciudadanía: ¿dónde está? (1)

¿Por qué la ciudadanía de las clases medias y altas tiende a ser apática e indiferente en asuntos electorales o de vida cívico comunitaria? Quizá es relevante entender primero el concepto de ciudadanía ligado a su significado histórico-institucional en nuestro país.

Las palabras tienen significado cuando las instituciones requieren definir una realidad. Por ejemplo, en la gramática sexual las categorías de intimidad, comunicación y erotismo -dentro del matrimonio- más allá del acto sexual procreativo asfixiado por las murallas católicas no existían, como una generalidad, en los años 40s.

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Lo mismo ocurre con el concepto de ciudadanía, ausente como tal, en la gramática política, hasta la alternancia democrática ocurrida en el año 2000.

Porque de 1929 hasta ese año, el PRI como gran prestidigitador, simuló un Estado con fachada democrática que devino por 71 años en una dictadura perfecta, de acuerdo al escritor peruano, Mario Vargas Llosa.

Durante ese período, dos a tres generaciones de mexicanos aprendimos la inutilidad de votar o participar con un sentido cívico en nuestras comunidades. Éramos, en el mejor de los casos, ciudadanos castrados de nuestro poder de decisión, para elegir a nuestros representantes o participar en nuestras comunidades.

Porque nuestros abuelos, padres y nosotros mismos sabíamos de antemano quién ganaría -o en caso extremo- arrebataría, a sangre y fuego, las elecciones: el PRI. También conocimos que cualquier participación cívica de corte disidente o crítico contra el sistema priista era castigada con represión, desaparición o muerte.

Por ello, es imposible olvidar los actos heróicos contra dicho sistema que terminaron de manera funesta, desde la ultraderecha nacional socialista del Sinarquismo (1937-1946); la derecha del PAN (1939-2000) y la izquierda del Partido Comunista Mexicano (1919-1981).

Ligadas al Partido Comunista, por ejemplo, están las represiones al movimiento ferrocarrilero (1958-1959); al movimiento de los Telefonistas (1959); al movimiento Magisterial (1959-1960); al movimiento campesino (1960-1970); al movimiento Médico (1964-1965); al movimiento estudiantil (1968-1971) y la Guerra Sucia antiguerrillera en la década de los años 70.

¿Cuántos mexicanos fueron reprimidos, desaparecidos o asesinados durante esos 71 años por el Estado mexicano? Nunca lo sabremos.

En síntesis: de 1929 a 2000, no existió el mínimo Estado de Derecho para ejercer una ciudadanía básica. Todo fue una simulación democrática, con fétido olor a muerte entre llantos de una nación atormentada.

La alternancia electoral de 2000 trajo una efervescencia de esperanza única: soplaron, en ese entonces, los vientos huracanados de una transición democrática nutridos, justo es decirlo, por cuatro eventos previos: (1) Una reforma política de 1977, que abrió la representación en la Cámara de Diputados a los partidos de oposición (PAN y PCM) para modificar el mosaico de fuerzas políticas, elevar su competitividad electoral y promover la alternancia en el país. (2) Una Ley de Amnistía en 1978 para exonerar a los militantes de grupos subversivos urbanos y rurales. (3) Una reforma en 1989 para crear el IFE y el Tribunal Electoral que incluyó la construcción de un padrón electoral confiable y vigilado para asegurar su integridad. Y (4) una reforma de 1996 que dotó de autonomía constitucional al IFE y creó el Tribunal Electoral.

La transición democrática tenía dos objetivos para darle significado cabal a la categoría ciudadanía: fortalecerla en un sentido electoral, pero también, en un sentido político.

El primero se cumplió: porque de 2000 a la fecha, contamos “con elecciones limpias, justas y competitivas, para asegurar, en palabras del politólogo Mauricio Merino, que “el voto contara para la conformación de los poderes y la representación política” y apuntalara la alternancia electoral en el país.

Empero, el segundo objetivo de impulsar una transición política no se cumplió.

¿Qué es una ciudadanía con sentido político?, ¿por qué es básico ligar una ciudadanía electoral con una ciudadanía política para entender tres cosas: una transición democrática integral; la inmadurez ciudadana y los altos índices de abstencionismo?, ¿qué responsabilidad tienen el INE y los órganos estatales electorales en ese sentido?

(Continuará).

Nota: El autor es director general del ICAI. Sus puntos de vista no representan los de la institución