Ya valimos ma...

¿Les platico? ¡Arre!

Cruzando las cifras entre varias dependencias oficiales y organizaciones civiles, obtuvimos una realidad brutalmente peligrosa para quienes todavía vivimos en México. A saber:

El vice coordinador de Morena en la Cámara de Diputados -Alfonso Ramírez Cuéllar- acusó esta semana, que en 2024 la extorsión arrebató $91,800 millones a familias y empresas mexicanas víctimas de extorsión. En 2025 la pérdida llegó a $120,000 millones y en lo que va de este año rebasa los $200,000 millones. Lo que el legislador no dijo es que la mitad de esa pérdida fue maquinada mediante el hackeo de teléfonos celulares, por bandas internacionales que ya encontraron en México su puerquito. Más adelante explicaré el modus operandi de esta práctica.

El 50% de dichas extorsiones se realizan a través de llamadas telefónicas puntualmente dirigidas a nombres, números de celular o secuestros a domicilio contra personas cuyos datos aportan al contratar una línea de teléfono celular.

David Taboada, presidente del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, asegura que el registro obligatorio de datos personales de usuarios de telefonía celular, sufrió el pasado mes de agosto, el robo de los registros de 31,000 personas con sus datos personales, causa número 1 de las extorsiones a que se refieren los puntos 1 y 2 de este artículo.

Impuesto criminal a la extorsión:

Marcela Figueroa Franco, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mostró en una de las más recientes mañaneras, cifras que revelan la disminución que registra México en cuanto a homicidios dolosos. Bien por ella y por los ilusos que le creen.

Pero no dijo nada sobre el costo que representa el “impuesto criminal a la extorsión”, que merma la economía de cientos de miles de personas y empresas.

Las mismas fuentes que cito -más el INEGI, la FGR, algunas fiscalías estatales y policías estatales y municipales de todo el País- revelan que el 90% de las extorsiones o el “derecho de piso”, comienza con una llamada telefónica a un teléfono celular, del cual los delincuentes cuentan con nombre del titular, domicilio, su número y foto del INE.

La información de los usuarios habitualmente se comercia en el mercado negro, pero ahora, el gobierno mexicano se las puso bien papita a los hackers, debido a la obligatoriedad de que que todo usuario registre su número ante las compañías de celulares, información que luego entregan a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones -que preside Norma Solano Rodríguez- cuya única experiencia en la materia es haber sido directora de asuntos jurídicos en el C5 de la CDMX, cuando Claudia Sheinbaum era la jefa del gobierno capitalino. Técnica en el tema, lo que se dice técnica, NO ES doña Norma.

Un montón de personas me han buscado para saber cuál es mi recomendación respecto a registrar sus números de celular.

Aquí tienen mi respuesta.