Minería submarina, una industria con efectos para el planeta aún desconocidos

La minería submarina es el proceso de extracción de minerales del fondo del mar, por debajo de los 200 metros y más allá de la jurisdicción de las aguas nacionales. Es el océano profundo, las aguas internacionales compartidas por todos los países o la alta mar, el hábitat más grande para la vida en la Tierra y el más inexplorado, apenas conocemos el 1 % y ello porque es también el de más difícil acceso.

Es allí donde países y compañías mineras planean proyectos para extraer minerales, como el cobalto, que se agota en la superficie y que cada vez es más demandado, sobre todo por el sector tecnológico y hoy especialmente en la fabricación de coches eléctricos.

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Pues este metal, como otros recursos energéticos y minerales, estratégicos para el desarrollo de una sociedad moderna, se encuentran en enormes proporciones en los yacimientos submarinos.

El océano cubre casi las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra y los recursos en ese abismo van desde el petróleo y el gas, pasando por el telurio, el oro, los diamantes o las tierras raras, un sinfín de recursos energéticos y minerales por los que rivalizan los países para su desarrollo tecnológico.

Hasta donde se sabe, el 96 % de las reservas de cobalto, el 84 % de níquel o el 79 % de manganeso, cruciales para la elaboración de baterías, generadores eólicos o paneles fotovoltaicos, y cuya demanda va en aumento, se alojan en el lecho marino.

LOS “AGUJEROS” DE LA LEY

Hasta la fecha, y a la espera de la entrada en vigor del primer Tratado de Altamar, recientemente adoptado, la herramienta que rige es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) de 1982, que recoge y supervisa lo relativo a la actividad minera de los fondos marinos.

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Convemar fue ratificada en 1994 por más de un centenar de países. Ese año se creó también la Autoridad Nacional de los Fondos Marinos (ISA, de sus siglas en inglés) con el propósito de regular la exploración de esos recursos y en ello trabaja contrarreloj.

Ello es así, ya que una disposición del capítulo 11 de esa “Constitución de los Océanos” permite a cualquier Estado miembro aplicar la denominada “norma de los dos años”, que autoriza a países que tienen licencia a iniciar actividades de minería submarina.

Por esa razón, en 2021, Nauru, un estado isla del Pacífico, el tercer país más pequeño del mundo, dio a la ISA un ultimátum: si en dos años, 2023, esa institución no desarrolla la regulación para la minería submarina, el país podrá empezar operaciones de prospección con un permiso provisional, pese a la oposición de otros países miembros.

Nauru, patrocinador de Nauru Ocean Resources Inc (Nori), una filial de la empresa minera canadiense The Metals Company, había recibido autorización de la ISA en 2011 para la exploración de nódulos de manganeso, muy importantes para muchos desarrollos tecnológicos, en la zona de fractura geológica marina denominada Clarion Clipperton en el Pacífico (CCZ), entre Hawái y México.

Según datos de la ISA, se han concedido ya una treintena de contratos de exploración de los recursos marinos a compañías, empresas y “startups”. En total, esas zonas de prospección ocupan más de 1.5 millones de kilómetros cuadrados, tres veces la superficie de España.

CUENTA ATRÁS

Así las cosas, la cuenta atrás, que ya ha comenzado, divide al planeta y mantiene en vilo a países y organizaciones ecologistas que aspiran a una moratoria, pausa precautoria o prohibición de esta actividad hasta que se hayan investigado suficientemente sus efectos en el poco conocido medioambiente marino, ante la incertidumbre sobre las consecuencias de esta actividad.

Según la organización ecologista Greenpeace, el avance de esta industria podría constituir una de las nuevas y más extensas amenazas para los ecosistemas marinos del planeta con efectos negativos “duraderos e irreversibles”.

Ya en 2023, la proposición no de ley española en demanda de una pausa precautoria argumentaba que “se trata de una actividad con enormes impactos potenciales, desde los efectos tóxicos de las plumas de sedimentos y metales pesados a lo largo de la cadena trófica, hasta la liberación de gases de efecto invernadero secuestrados en los fondos oceánicos, pasando por la destrucción irreversible de la biodiversidad marina”.

TODOS RESPONSABLES

Y ello por no mencionar la destrucción o extinción de especies, que supondría un impedimento para el “descubrimiento de nuevas medicinas” asociadas a formas de vida de los fondos del mar.

Según estimaciones de una reciente investigación liderada por el Museo de Historia Natural de Londres (Reino Unido), solo en la citada zona Clarion-Clipperton, dos veces más grande que la India, una de las regiones más vírgenes del océano mundial, y ya asignada a empresas para la exploración minera comercial, habitan 5,578 especies diferentes, y se calcula que entre el 88 y el 92 % son totalmente nuevas para la ciencia.

Muriel Rabone, ecóloga e investigadora de ese museo londinense, avisa: “compartimos este planeta con toda esta asombrosa biodiversidad, y tenemos la responsabilidad de comprenderla y protegerla”.

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+ La minería submarina es el proceso de extracción de minerales del fondo del mar, por debajo de los 200 metros y más allá de la jurisdicción de las aguas nacionales.

+ Hasta donde se sabe, el 96 % de las reservas de cobalto, el 84 % de níquel o el 79 % de manganeso, cruciales para la elaboración de baterías, generadores eólicos o paneles fotovoltaicos, y cuya demanda va en aumento, se alojan en el lecho marino.

+ Hasta la fecha, y a la espera de la entrada en vigor del primer Tratado de Altamar, recientemente adoptado, la herramienta que rige es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) de 1982, que recoge y supervisa lo relativo a la actividad minera de los fondos marinos.

Por M. Ángeles Martínez Merino EFE-Reportajes.