Almagro contrata a Luis Moreno Ocampo para analizar si lleva a Maduro a la CPI
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Fuentes diplomáticas interpretan el proceso como "una vuelta de tuerca" más en la presión sobre Maduro, independientemente de que se lleve o no a Venezuela a la CPI.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fichó al jurista argentino Luis Moreno Ocampo, ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), para analizar si hay base para llevar a Venezuela a ese tribunal por crímenes de lesa humanidad.
"Voy a ayudar a que la OEA analice lo que está pasando. Lo vamos a hacer de modo imparcial. La opinión del secretario general es muy válida, pero es su opinión personal. Yo no tengo opinión formada", manifestó hoy Moreno Ocampo en la rueda de prensa en la sede de la organización, en Washington, al anunciarse su fichaje.
Se trata de una iniciativa de Almagro, que está convencido de que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, y no de la organización panamericana en sí. Moreno Ocampo (Buenos Aires, 1952) fue entre 2003 y 2012 el primer fiscal jefe de la CPI, creada por el Estatuto de Roma y con sede en La Haya. En Washington actuará ahora como asesor de Almagro.
"Para que vaya esto a la corte no basta con que haya crímenes en Venezuela. Hace falta que sean cometidos de forma sistemática por un grupo organizado como una política y no haya juicios e investigaciones en Venezuela", explicó el argentino.
Su intención es realizar entre dos y cuatro audiencias públicas en la sede de la OEA desde septiembre y a lo largo de dos meses para escuchar en ellas a todas las partes -víctimas, expertos y al Gobierno de Venezuela- para dilucidarlo.
No obstante, parece improbable que el Ejecutivo de Nicolás Maduro acepte acudir. A finales de abril inició los trámites para abandonar la organización ante el aumento de la presión diplomática sobre él. Además, Almagro es uno de los mayores críticos de Maduro, al que acusa de ser un dictador.
"Por dos meses, (la OEA) va a ser la caja de resonancia donde el conflicto de Venezuela se pueda discutir seriamente y donde los crímenes se puedan analizar en detalle", explicó Moreno Ocampo.
Fuentes diplomáticas interpretan el proceso como "una vuelta de tuerca" más en la presión sobre Maduro, independientemente de que se lleve o no a Venezuela a la CPI. El país se encuentra sumido en la crisis política, económica y humanitaria. Más de 90 personas han muerto en el marco de la última oleada de protestas contra Maduro, que arrancó en abril.
La OEA como organización no podría llevar a Venezuela a La Haya, pero si al final del proceso que arranca ahora se llega a la conclusión de que existe una base legal para poder hacerlo, bastaría con que uno de los 28 países miembros de la organización panamericana que también lo son de la CPI presentara allí una denuncia para que comenzaran las investigaciones en la corte.
Según dijo el jurista argentino, Almagro le ha dicho que hay "algunos presidentes" con interés en que el caso vaya a la corte.
Venezuela es uno de los firmantes del Estatuto de Roma. Bajo el Gobierno de Hugo Chávez, fue de hecho el primer país de América del Sur en suscribir el tratado.