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El organismo señaló que “el principal ‘argumento’ de la iniciativa es que madres y padres tienen el derecho a elegir el tipo de educación que pueden recibir sus hijas e hijos de acuerdo con sus convicciones y creencias

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó que en diversas entidades de la República se estén presentando iniciativas de reforma para establecer en las leyes estatales de derechos de la niñez el llamado pin parental, el cual pretende condicionar el ejercicio del derecho a la información sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva a la autorización previa y expresa de sus madres y padres.

En un comunicado, el organismo señaló que “el principal ‘argumento’ de las iniciativas en estados como Aguascalientes, Nuevo León –donde fue rechazada–, Chihuahua, Querétaro y Veracruz es que madres y padres tienen el derecho a elegir el tipo de educación que pueden recibir sus hijas e hijos de acuerdo con sus convicciones y creencias. 

Facultad de las familias

De igual forma, las mencionadas propuestas legislativas consideran que “la impartición de los contenidos sobre sexualidad es una facultad exclusiva de las familias. Aunado a ello, varias de ellas mencionan que los contenidos educativos contienen elementos de ‘ideología de género’, al abordar temas como la diversidad sexual”.

Frente a ello, la CNDH señaló que este tipo de iniciativas son contrarias a los derechos humanos y vulneran el artículo tercero de la Constitución mexicana, el cual garantiza que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá la promoción de estilos de vida saludables y la educación sexual y reproductiva.

Las propuestas legales de pin parental, indicó la comisión, omiten considerar las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley general de la materia y las leyes estatales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que reconocen a las personas menores de 18 años como sujetos de derechos cuya autonomía progresiva les permite ejercer por sí mismas sus derechos.

La Jornada

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