Buscan quitar a gobernadores la facultad de nombrar notarios
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Examen de oposición sería el único medio. Fue presentada por Olga Sánchez Cordero cuando era senadora
Aun cuando diversas leyes prevén como medio de acceso al notariado uno o varios exámenes, también es una realidad que, en un buen número de ellas, se otorgan facultades discrecionales al titular del Ejecutivo estatal para designar fedatarios, señala la iniciativa que presentó Olga Sánchez Cordero en noviembre pasado como senadora, para homologar los requisitos y procedimientos para la designación de estos funcionarios.
La iniciativa de la ahora secretaria de Gobernación propone unificar procedimientos y métodos a escala nacional estableciendo como medio único el examen público de oposición en el que intervengan los estados y colegios notariales.
En fechas recientes, han sido cada vez más los casos de designaciones de notarios seriamente cuestionables y que incluso han dado lugar a la interposición de diversos recursos por lo ilegal de los procedimientos; baste con señalar lo acontecido recientemente en Veracruz, Nuevo León, estado de México y Coahuila, por mencionar sólo algunos, precisa la iniciativa.
También ocurrió en Aguascalientes cuando el entonces gobernador Luis Armando Reynoso, de extracción panista, entregó notarías a su concuño, Javier Ramírez Isunza, y otra a su primer secretario de Gobierno Jorge Martínez Estebanez.
El priísta Carlos Lozano de la Torre entregó al término de su sexenio (2010-2016) otras tantas, una de ella fue para su secretaria de Gobierno, María de los Ángeles Aguilera.
Graco Ramírez benefició a funcionario de su gobierno
En Morelos ocurrió lo mismo. Antes de terminar su gestión, el entonces gobernador Graco Ramírez entregó una patente notarial a Javier Varona Lavín, quien fue su secretario de Administración.
En 2016, Graco Ramírez entregó tres patentes notariales, una a José Antonio Acosta Moreno, quien dio fe de la compra de una propiedad de 8 millones de pesos que pagó de contado Elena Cepeda, esposa del ahora ex mandatario.
Por otra parte, en Veracruz existen 303 notarías públicas, 111 de las cuales fueron creadas durante el gobierno del priísta Fidel Herrera Beltrán, quien durante su mandato (2004-2010) modificó la ley para que existiera un notario público por cada 25 mil habitantes y no por cada 50 mil, como hasta entonces establecía la ley.
Entre las notarías que otorgó Fidel Herrera se encuentra la número 55, en el municipio de Boca del Río, a José Guillermo Herrera Mendoza, ex senador que en su gobierno se desempeñó como secretario y subsecretario de Turismo. Otro de los beneficiados fue Iván Hillman Chapoy, quien durante el gobierno de Herrera fue presidente municipal de Coatzacoalcos y secretario de Turismo (2007-2008).
En su momento, el gobernador Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) también hizo nombramientos de notarios, entre los que destacó el de Édgar Spinoso Carrera, quien fue oficial mayor de la Secretaría de Educación en su administración y en la de Fidel Herrera.
En Quintana Roo, al culminar su gestión, el ex gobernador Roberto Borge Angulo habría entregado por lo menos 124 patentes de notarías, de las cuales 33 se otorgaron en el último año de su administración; mientras su antecesor, Félix González Canto, habría otorgado 18.
Otros beneficiados en la entidad fueron: Dolores Rivera Aguilar, cuñada del entonces senador Eduardo Ovando Martínez; María Cristina Torres Gómez, ex alcaldesa de Solidaridad, y Heyden José Cebada, ex director de Desarrollo Urbano en el municipio de Benito Juárez.
El presidente del Consejo de Notarios de Yucatán, Gonzalo Irabién Arcovedo, opinó que la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de legislar sobre las actividades de los fedatarios nacionales impediría prácticas anómalas entre éstos que redundan en acciones –la mayoría fraudulentas– contra los ciudadanos.
En Guerrero, profesionistas excluidos de la convocatoria para obtener una patente de notario dijeron que fueron amenazados para que no denunciaran las irregularidades del proceso de selección implementado por la Secretaría General de Gobierno, realizado los pasados 6 y 7 de febrero.
Algunos profesionistas consultados denunciaron que el examen que se aplicó a los 10 beneficiados con una patente fue discriminatorio, a modo y con dedicatoria para hijos de notarios, ex funcionarios o hijos de éstos.
