Conflicto catalán es el más grave desde que España recuperó su democracia

La Constitución de 1978 abrió el camino a la llamada España de las autonomías que ha implicado la transferencia de muchas competencias y recursos a "las nacionalidades y regiones", tal como dice su artículo segundo. Este régimen ha funcionado razonablemente bien, aunque no ha estado exento de tensiones, tanto entre las dieciséis autonomías como entre éstas y el gobierno central.

Estas tensiones han sido superiores a lo normal en los casos de Euskadi y Catalunya, las dos nacionalidades históricas que ya tuvieron un régimen autonómico bajo la II República (1931-1936) y donde siempre ha habido independentistas. En Euskadi la situación fue grave durante muchos años por la existencia del grupo terrorista ETA que defendía la lucha armada. Pero ETA fue derrotada hace años y ahora, bajo el mando del PNV, un partido nacionalista moderado y de centro, Euskadi es una nacionalidad en paz y de notable progreso económico.

Por el contrario, en Cataluña -donde las diferencias nunca habían alterado la institucionalidad- la conflictividad política se elevó tras una sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que anulaba algunos artículos del Estatuto de Autonomía del 2006, que había sido votado por las Cortes españolas con la oposición del PP, el partido que gobernó en España de 1996 a abril de 2004 y que lo vuelve a hacer desde finales de 2011.

Las elecciones autonómicas de 2015 complicaron todavía mucho más la situación ya que la coalición independentista Junts pel Si (Juntos por el Si) consiguió, aliada a un grupo de extrema izquierda, la mayoría de los diputados en el parlamento autonómico (72 sobre 135) pero no alcanzó el 50 % de los votos (se quedó en el 47.8 %).

Aún así, los líderes independentistas dijeron que tenían un "mandato democrático" para convocar a un referéndum de autodeterminación, que no permite la Constitución española. Y tras múltiples conflictos y sentencias del Constitucional contrarias a las tesis independentistas, el Gobierno catalán usó su mayoría parlamentaria para convocar un referéndum ilegal el 1 de octubre. Pese a la falta de garantías, se acabó proclamando la independencia en el parlamento autonómico a finales de ese mes.

El Gobierno de España reaccionó suspendiendo la Generalitat (gobierno autonómico) al amparo del artículo 155 de la Constitución y convocando nuevas elecciones en el plazo mínimo fijado por la ley. Para el próximo 21 de diciembre.

Aunque, según la Constitución, la pertenencia de Cataluña a España no plantea dudas -y la Unión Europea se ha manifestado en idéntico sentido- el resultado de estas elecciones será muy relevante. Si ganan las fuerzas secesionistas, lo más probable es que la conflictividad entre los dos gobiernos prosiga, aunque seguramente con menor intensidad y no de inmediato porque las principales fuerzas separatistas han renunciado -al menos formalmente- a la proclamación de independencia unilateral que intentaron el 26 de octubre.

Por el contrario, si ganan las fuerzas constitucionalistas, el conflicto podría entrar en una vía de diálogo y negociación. Y cuando faltan pocos días para el 21 de diciembre el resultado es incierto porque ambos bloques -claramente delimitados pero nada monolíticos- están muy empatados en las encuestas.

El independentismo se presenta dividido en tres fuerzas: Esquerra Republicana de Catalunya, un partido independentista de izquierdas que parecía el favorito y cuyo líder, Oriol Jonqueras, está en prisión provisional por orden del Supremo; la coalición Junts per Catalunya del antiguo presidente Carles Puigdemont, que ha huido a Bélgica para evitar la prisión provisional, y que está apoyado por la antigua CDC, el partido que gobernó la autonomía durante muchos años y que tradicionalmente estaba a la derecha de ERC; y por último las CUP, Candidaturas de Unidad Popular, que se definen como antisistema y anticapitalistas.

Frente a los independentistas se presentan tres formaciones que defienden la Constitución: el Partido Popular, de centro-derecha y que gobierna en España; Ciudadanos, un nuevo grupo liberal de centro que fue la cuarta fuerza parlamentaria en las elecciones españolas del 2015 y 2016; y finalmente el Partido Socialista de Cataluña (PSC), ligado al PSOE y el bloque tradicional de la izquierda española. Entre ellos se sitúan los comunes, un grupo a la izquierda de los socialistas y que está liderado por Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona desde el 2015, y que está vinculado con Podemos, dirigido por Pablo Iglesias, un grupo de extrema izquierda que surgió tras la crisis y las medidas de austeridad económica que empezaron en 2010, con el Gobierno socialista de Zapatero, y continuaron en 2012, con el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy.

Estamos ante unas elecciones relevantes y de resultado incierto. Según el promedio de las encuestas, el independentismo baja del 47.8 % del 2015 al 45.4 % y pierde diputados ya que se quedaría en 66 o 67 frente a los 72 que tiene hoy y los 68 escaños que conforman la mayoría absoluta. Es posible que no puedan gobernar. El independentismo sería así derrotado pero conservaría mucha fuerza.

Por su parte, los partidos constitucionalistas suben del 39 % del 2015 al 45 %, pero se quedan en 59 o 60 diputados, más lejos de la mayoría absoluta, porque ganan en la provincia de Barcelona, la más poblada y en la que cuesta más votos ganar un diputado que en las más pequeñas de Girona, Lleida y Tarragona. Para constituir una mayoría, los constitucionalistas necesitarían así, además de un pacto entre ellos, llegar a un acuerdo con los comunes que obtendrían -según las encuestas- 9 diputados y que serían el apoyo necesario e imprescindible tanto para los constitucionalistas como para los independentistas.

Las negociaciones para lograr un pacto de mayoría y la formación de un nuevo gobierno se presentan largas y complicadas. Sin que pueda descartarse que se tengan que repetir las elecciones por falta de acuerdo y se prorrogue la inestabilidad política que ya está provocando -desde poco antes de la fallida declaración de independencia de octubre- graves consecuencias económicas y que amenazan con interrumpir -al menos en Cataluña- la recuperación y la creación de empleo que ha adquirido fuerza creciente desde mediados del 2014.

Al clima de incertidumbre se suma el de conflictividad social porque el independentismo y el constitucionalismo dividen a la sociedad catalana en dos mitades y el sentimiento identitario se incrementa por el hecho de que varios dirigentes separatistas están en prisión provisional como consecuencia de la declaración de independencia.

Además, según las encuestas, la mayoría de catalanes censuran tanto la declaración de independencia como la suspensión de la Generalitat decretada por Madrid al amparo del artículo 155 de la Constitución. La mayoría cree que la inestabilidad política tendrá consecuencias económicas negativas, pero tampoco aprueba que algunos antiguos "consellers" (ministros) de la Generalitat estén en prisión.

El conflicto no parece pues que se vaya a resolver ni próximamente ni con facilitad y es ya sin duda el más grave que ha tenido que afrontar la democracia española desde las primeras elecciones de 1977 que siguieron a la liquidación de la dictadura franquista.

Artículo escrito por Joan Tapia, ex director del diario La Vanguardia de Barcelona y colaborador en distintos medios informativos