De la separación a la duda, el drama de niños indocumentados

La separación de miles de niños de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México fue frenada por el presidente Donald Trump, quien advirtió, sin embargo, que no dejará de perseguir por la vía criminal a quienes quieran entrar ilegalmente a su país.

El nuevo decreto pone fin a la división de las familias, permite que los niños y niñas se queden con sus padres detenidos y bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional y deja en el limbo a los que ya están lejos de sus progenitores.

Los más de 2,300 pequeños, provenientes en su mayoría del violento Triángulo del Norte centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala), que fueron apartados viven hoy una situación de incertidumbre debido a que todavía no se sabe la forma como reunificarán a las familias y cuánto tiempo tomará hacerlo.

"Las dudas sobre el nuevo encierro, porque esos niños van a seguir encerrados, son infinitas", asegura a dpa Virginia Gutiérrez, una mexicana que llegó hace más de dos décadas a Estados Unidos como turista y se quedó. "No le creo nada a Trump", insiste la mujer a las afueras del "Homestead Branch", uno de los albergues adonde cientos de menores han llegado desde abril.

Para Gutiérrez, el decreto que da marcha atrás a la política de "cero tolerancia", por la que fueron separados los niños de sus progenitores después de que estos recibieran cargos criminales y fueran enviados a cárceles, "no es más que otra estrategia de este señor (Trump)”.

El "Homestead Branch" está ubicado a unos 50 kilómetros al sur de Miami junto a una base de la Fuerza Aérea y reabrió sus puertas hace pocos meses tras el cierre en el Gobierno del presidente Barack Obama. Medios locales han calculado que el costo de su funcionamiento ronda los 300 millones de dólares anuales.

"Hasta no ver, no creer", insiste conmovido Martin Levine, un abogado y activista de 62 años que desde hace días aguarda en la entrada del albergue temporal de menores inmigrantes del sur de Florida.

El Departamento de Sanidad y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), recibió bajo la política de "cero tolerancia" a los pequeños en albergues que se extienden por estados como Texas, Florida, Virginia, Nueva York y Carolina del Sur, adonde llegan en vuelos comerciales de aerolíneas como American Airlines y Unites, que son pagados por el Estado.

Las imágenes de niños en jaulas llorando y preguntando por sus padres en un centro temporal de Texas fueron determinantes en la polémica. Por esa razón, legisladores y ciudadanos de Florida decidieron presionar durante varios días a las afueras del "Homestead Branch" para saber las condiciones de los pequeños allí.

El hogar del sur de Florida, en donde hay cerca de 1,000 niños que fueron separados en la frontera o que cruzaron solos, está rodeado por una lona de color negro que impide ver su interior y tiene en su fachada muros de color arena. La seguridad en el lugar es extrema y el acceso de particulares, ni si quiera de voluntarios, está prohibido.

El HHS reveló fotografías y un video sin audio de su interior. En las imágenes salen los menores -que aparentan todos más de 12 años de edad-cubriendo sus rostros, comiendo, pintando, haciendo operaciones matemáticas, viendo televisión y jugando. Los avisos a lo largo de los pasillos son en español y la supervisión es similar a la que reina en cualquier centro carcelario.

Las caminatas en fila, el silencio, las habitaciones compartidas entre seis o más y la división de género son algunas de las reglas que se deben cumplir al interior.

"Estos niños tienen miedo, están solos, se sienten desamparados. Ellos no entienden las leyes de este país. Esto es inhumano y perverso", opinó por su parte Nora Sandigo, directora de una fundación que lleva su nombre y que ha tenido contacto con al menos 70 pequeños del albergue de Homestead.

Después de la separación, la incertidumbre sobre el futuro sigue latente para los miles de pequeños y sus padres, aseguró la directora de la Comisión de Derechos Migratorios y Justicia para Mujeres Refugiadas, Michelle Brané.

"La orden ejecutiva que el presidente Trump firmó no es una solución. Primero, hay más de 2,000 ya separados de sus padres; y segundo, la medida encarcela a las familias completas", señala Brané en un comunicado.

Situación tras el decreto de Trump sobre separaciones en la frontera

La orden ejecutiva de Donald Trump para poner fin a la separación de familias de inmigrantes en la frontera con México deja varias incógnitas abiertas, entre ellas qué pasa ahora con los más de 2,300 niños apartados de sus padres desde abril. A continuación, un panorama de la situación:

¿Qué es la política de "tolerancia cero"?

Hasta abril, la mayoría de los inmigrantes detenidos tras cruzar ilegalmente la frontera eran dejados en libertad controlada mientras se resolvía su situación migratoria. En aquel mes, el fiscal general, Jeff Sessions, dio orden de que todos fueran procesados criminalmente, en lo que la administración Trump bautizó como "tolerancia cero" con la inmigración ilegal.

El procesamiento criminal implica el envío a la cárcel del procesado y la ley prohíbe tener a niños en prisión -el llamado "Acuerdo Flores", un fallo judicial de 1997, fijó que un niño no puede estar en un centro de detención más de 20 días-. Con ello es con lo que la administración Trump justificaba la separación de familias. Pero como sugirió John Kelly, su jefe de gabinete, esto fue pensado para desincentivar la llegada de inmigración ilegal, es decir, la separación era una consecuencia buscada.

¿Qué cambia la orden ejecutiva de Trump?

No era necesaria si se trataba de evitar separaciones. Hubiera valido con dejar de perseguir penalmente a los sin papeles y seguir haciéndolo por otras vías legales. La firma de un decreto ante las cámaras da siempre imagen de acción gubernamental y es algo que a Trump le gusta, como se ha visto en otras ocasiones.

Lo que hace la orden es permitir que los niños permanezcan con los padres bajo privación de libertad. Para ello se crearán centros de detención ad hoc -la orden pide al Pentágono, por ejemplo, que ponga instalaciones a disposición de la administración, construyéndolas también si es necesario-.

Padres y niños quedan bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional, que es el último responsable de la frontera, hasta que termine el proceso contra los adultos. Hasta ahora, los niños quedaban bajo custodia del Departamento de Sanidad y Servicios Humanos y los padres, bajo la del Departamento de Justicia.

Un tribunal debería aprobar ahora que los niños puedan estar más de los 20 días que fija la ley privados de libertad, lo que abriría la puerta a que lo estén indefinidamente. Expertos legales ven difícil que las cortes den vía libre a ello.

Trump aseguró el miércoles que se mantiene la política de "tolerancia cero”.

¿Qué ocurre con las familias que ya han sido separadas?

Más de 2,300 niños separados de sus padres desde el 19 de abril por la política de "tolerancia cero" están en instalaciones federales controladas por el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos. De momento no se sabe demasiado sobre su futuro.

"He ordenado al Departamento de Salud y Servicios Humanos, al de Seguridad Nacional y al de Justicia que colaboren para mantener a las familias de inmigrantes ilegales juntas durante el proceso migratorio y para que reúnan a los grupos que fueron separados previamente", dijo hoy Trump.

El director de Comunicación del Departamento de Sanidad y Servicios Humanos, Brian Marriot, dijo la víspera que "la reunificación es siempre el objetivo", según "The New York Times”.

¿Separó Barack Obama a familias, como dice el Gobierno de Trump?

En los dos mandatos del demócrata no existió una política para la separación de familias. Sí hubo separaciones cuando se sospechó de una situación de tráfico de personas o de que quienes aseguraban ser los progenitores no lo eran realmente. También hubo separaciones si los padres eran arrestados por cargos por ejemplo de drogas o si tenían una orden de detención pendiente.

Lo que sí hizo Obama fue mantener detenidos a padres con hijos, sobre todo en la crisis migratoria de 2014, como forma de desincentivar la llegada de más sin papeles desde Centroamérica. Los tribunales fallaron que esa política era inconstitucional, obligando a la administración a dejar libre a la familia.

¿Puede el Congreso evitar la separación de familias?

Trump ha intentado aprovechar la conmoción causada por las separaciones para presionar a los demócratas para que respalden una reforma migratoria con la que, además de financiación para su muro en la frontera con México, pretende convertir en meritorio el sistema legal de inmigración, basado en vínculos familiares.

Él y su Gobierno no han dejado de decir que son las leyes aprobadas bajo administraciones demócratas las que obligan a la separación y eso debe arreglarlo el Congreso. Lo cierto es que ninguna ley obliga a separar a los progenitores de sus hijos. Los demócratas, en minoría en el Congreso, tampoco pueden hacer nada por sí solos para cambiar una política que es obra de Trump.

Una ley migratoria necesita apoyo bipartidista y los propios republicanos, que controlan las dos cámaras, están divididos sobre el tema y la dureza que aplica Trump en inmigración.