Denuncian al Gobierno mexicano ante la CIDH por espionaje

Nacional
/ 27 junio 2017

La diputada Brenda Velázquez Valdez solicitó que el organismo realice una visita de alto nivel a México y que de ser procedente, designe una Relatoría Especial

La presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez Valdez, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los “hechos relacionados con la violencia en contra de la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de los periodistas, activistas y políticos de oposición en México”.

Esto luego de que la semana pasada el diario The New York Times dio a conocer que un programa espía de propiedad y explotación exclusiva del gobierno había sido empleado para intentar robar información de Carmen Aristegui, así como el hijo de la periodista, Carlos Loret de Mola y Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Velázquez señaló que en su denuncia expresa su consideración de que con esa práctica se viola el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los hechos relacionados con el derecho a la privacidad en México.

La diputada expresó que por la gravedad y urgencia del caso, “pedimos a la CIDH solicite al Estado Mexicano que adopte medidas cautelares para prevenir actos de espionaje a periodistas, activistas y políticos de oposición”.

De igual forma, continuó la diputada federal, “solicitamos a la CIDH realice una visita de alto nivel a México, con la finalidad de constatar los hechos denunciados y, de ser procedente, se designe una Relatoría Especial”.

Finalmente, la legisladora puntualizó que también se pidió a la CIDH se pronuncie para exigir al gobierno mexicano que se abstenga de utilizar el espionaje en contra de los ciudadanos, ya que esta práctica constituye violaciones al derecho a la privacidad de las personas y a la libertad de expresión en México.

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