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De acuerdo con el Universal, la UIF considera que los denunciados participaron en el presunto desvío de 400 millones de pesos de la petrolera

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda denunció al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, y a otras 24 personas físicas y morales por haber contribuido al desvío de más de 400 millones de pesos de la paraestatal.

Así lo da a conocer este martes el diario El Universal, que señala que entre los denunciados figuran, además de exfuncionarios de la petrolera, las empresas y sus representantes legales con las que Pemex celebró diversos contratos que permitieron el desvío de recursos.

De acuerdo con el diario, la investigación está en curso y la Fiscalía General de la República (FGR) aún no judicializa el expediente, por lo que no existen órdenes de aprehensión por el caso.

La UIF ha realizado varias denuncias contra Emilio Lozoya por casos como el de la compra-venta de Agro Nitrogenados o los pagos irregulares de la constructora brasileña Odebrecht, entre otros.

En 2019 la Unidad presentó una denuncia contra el exdirector de Pemex por el caso de la constructora española OHL, de la que formó parte antes de ser funcionario público.

Según las investigaciones, la empresa fue señalada de ” supuestamente entregar sobornos a autoridades en los dos sexenios pasados para la asignación de contratos públicos”. 

Esta denuncia, en la que están involucradas 10 personas físicas y morales, aún no ha sido judicializada.

El periódico tuvo acceso a documentación que señala que uno de los denunciados por el presunto “saqueo” a Pemex es Héctor Vera Argüelles, quien se desempeñó en la Coordinación de Programación y Evaluación de Pemex-PEP hasta 2010 y posteriormente se convirtió en representante legal de la empresa Maheca, que también fue denunciada.

Maheca consiguió dos contratos con Pemex en septiembre de 2019, por 127 millones de pesos, mediante una subcontratación con la Universidad Popular de la Chontalpa en Cárdenas, Tabasco para el servicio de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos.

“Sin embargo, los cálculos finales de la UIF, encabezada por Santiago Nieto Castillo, llegaron a contratos por 468.5 millones de pesos por los servicios que no fueron ejecutados”, señala el reportaje de Diana Lastiri.

Este tipo de empresas presentan características de empresas fachada, de acuerdo con la UIF, como compartir datos como el teléfono. Algunas de ellas tienen estatus de liquidación de activos desde 2013.

Otra de las denunciadas es Diana Beatriz Torres Gallardo, hija de Silvano Torres Xolio, quien fue superintendente en la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial de Pemex-PEP hasta 2003, y “se asoció con Williams Morfín Silva, quien fue funcionario en Pemex, para fundar Cantarell, S. A. de C. V., empresa cuyas acciones fueron transferidas a Flor Estefanía Torres Gallardo, hija de Torres Xolio”.