Foto: Twitter
La compra de leche para el DIF fue uno de los esquemas utilizados en los actos de corrupción investigados por el gobierno de Chihuahua, luego de la detención de Duarte, en Florida

Ciudad de México. Agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejecutaron una orden de aprehensión contra Jaime "N", por su presunta participación en el delito de fraude, ocurrido en julio de 2018 en Cancún, Quintana Roo.

El imputado, quien es investigado en Chihuahua, por presuntamente cometer actos de corrupción durante la administración de César Duarte, habría sido obligado solidario o aval de una empresa que recibió un préstamo para realizar un proyecto que no se cumplió.

Tras la integración de la carpeta de investigación, se llevaron a cabo trabajos de gabinete, campo e inteligencia, logrando los agentes, adscritos a la Coordinación de Cumplimiento y Ejecución de Mandamientos Judiciales, su detención en la colonia Bosques de las Lomas.

El empresario, quien ha sido cuestionado por el origen de sus ingresos y sus vínculos con las administraciones de los gobiernos de Chihuahua entre 2010 y 2016, fue trasladado a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central.

Ahí se realizará la entrega recepción a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo del hombre, quien tiene denuncias y carpetas abiertas en diversas fiscalías, una de ellas por fraude en dicha entidad.

De acuerdo con esa investigación, se realizó un préstamo a la empresa Beratung Avanzada S.A. de C.V., para realizar un proyecto que no se cumplió; y está acusado de cometer un fraude de por lo menos 4 millones de dólares en contra del Export-Import Bank.

Galván presuntamente proporcionó información falsa para obtener créditos en la compra de maquinaria pesada a proveedores de Estados Unidos, dinero que no fue invertido en la Unión Americana, siendo arrestado el 17 de junio de 2010, por fraude y conspiración.

“Fue el propósito y objeto de la conspiración, enriquecerse ilícitamente mediante la presentación de información falsa y fraudulenta a la Ex-Im Bank a través de los bancos acreedores, para obtener los préstamos garantizados o asegurados por el Ex-Im Bank y apropiarse indebidamente de los fondos del préstamo para sí mismos”, se señala en esta investigación.

El empresario admitió su responsabilidad y fue declarado culpable además de ser obligado a reparar el daño y a cumplir cinco años en libertad condicional debiendo presentarse a firmar cada mes durante ese lapso.

Mientras, en México, han sido denunciados en diversas ocasiones los presuntos vínculos con el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien en 2010, durante su campaña, reconoció haber utilizado un avión del empresario.

El Partido Acción Nacional exigió en ese entonces al candidato explicara su relación; y, en 2012, ese vínculo fue expuesto luego de que fundó Prometeo Proyectos Ejecutivos con lo que quedó al descubierto una supuesta red de complicidad con el mandatario.

Con base en investigaciones, Prometeo se convirtió entre 2013 y 2016 en el principal proveedor del DIF en materia de leche y despensas al otorgársele 14 contratos por 763 millones de pesos durante la gestión de Duarte, según los resultados de las indagatorias que se han llevado a cabo.

Asimismo, recibió del Fondo de Atención a Niños y Niñas de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen 43 millones 287 mil 798 pesos en contratos por adjudicación directa de despensas y uniformes –a pesar de no estar especializada en dicho giro-.

También se le relaciona con la empresa Viva Alimentos S.A. de C.V. la cual es una de las participantes en una licitación pública convocada por el DIF de Chihuahua, donde Galván se encuentra al mando, aunque pertenece formalmente a otros empresarios.

La compra de leche para el DIF fue uno de los esquemas utilizados en los actos de corrupción investigados por el gobierno de Chihuahua, luego de la detención de Duarte, en Florida.

Además, entre 2017 y 2019, Prometeo obtuvo seis contratos con el DIF de Oaxaca, tres por adjudicación directa y los otros tres por licitación, donde en todos los casos se presentaron sobreprecios de hasta siete veces su valor.