En la mira las redes familiares de jueces y funcionarios del Poder Judicial
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El presidente del Consejo de la Judicatura Federal ordenó una investigación para identificar relaciones o vínculos familiares entre servidores públicos
Ciudad de México.- El presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ministro Luis María Aguilar Morales, ordenó una investigación para identificar relaciones o vínculos familiares entre servidores públicos del Poder Judicial.
En un comunicado, el CJF informó que la finalidad de la investigación es contar con información “certera, confiable y verificable”, a fin de tomar las decisiones conducentes para fortalecer la carrera judicial y la impartición de justicia federal.
Con ese tipo de medidas esperan “identificar las áreas de oportunidad encaminadas a fortalecer los procesos de selección, promoción y designación de los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal”.
En julio de 2017, una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que hijos, parejas, padres, sobrinos, tíos, cuñados y suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupaban plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros.
De acuerdo con MCCI, 112 jueces y magistrados habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus padres.
Uno de los casos expuestos por la investigación es el de un magistrado correspondiente a Durango que integró a 17 personas de su familia en puestos administrativos, como actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado.
Otros dos magistrados de San Luis Potosí y Baja California tenían 11 parientes trabajando en juzgados, cada uno.
De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial; de 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%.
El pasado 4 de octubre, Morena presentó una iniciativa en el Senado de la República para disminuir la corrupción en el Poder Judicial, imponiendo una duración mínima de tres años y máxima de seis en su cargo a los jueces de distrito y magistrados de circuito.
De acuerdo con el proyecto, la rotación permitirá una mejor distribución de plazas y la independencia en la resolución de los asuntos.
