En México los distribuidores encarecen hasta 40% el precio de medicamentos

La distribución de medicamentos en instituciones públicas tiene un costo de entre 30 y 40 por ciento del precio de los productos. Es un negocio que ha dominado una decena de empresas que, con base en la ley, representan a los laboratorios en licitaciones públicas y se hacen cargo de entregar frascos y cajas en los lugares que indiquen las instituciones, incluso directamente en los hospitales.

En este sector se ha centrado la atención del gobierno federal para cuestionar el elevado gasto en la compra de fármacos, 80 mil millones de pesos al año, ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador; y mientras la autoridad fiscal prepara denuncias sobre presunta corrupción de 50 empresas por emisión de facturas fraudulentas y robo de fármacos, la aplicación del Plan Nacional de Salud sigue detenida por barreras administrativas y falta de dinero.

Programa IMSS-Bienestar

Surgieron los especialistas pero no se crearon las plazas respectivas y hacen falta otras, como geriatras, que tampoco aparecen en una categoría específica.

Sin dinero adicional tampoco avanza la cobertura del programa IMSS-Bienestar, principalmente en los estados donde se retomarán los servicios de clínicas y hospitales rurales que siguen bajo la administración de los gobiernos de los estados, como en el caso de Tabasco.

Sobre la distribución de medicamentos, los entrevistados consideraron que puede ser cara, pero se ha vuelto necesaria porque las instituciones carecen de un sistema que pueda remplazar a las empresas privadas.

La mayoría de fabricantes de fármacos recurren a los distribuidores, sector que creció conforme aumentó la demanda de insumos en el país, sobre todo los de alta especialidad que requieren una infraestructura específica de almacenamiento y traslado para garantizar las condiciones de calidad y eficacia de las moléculas.

No obstante, también se ha señalado que el mayor riesgo de pérdida para el erario por compra de medicamentos se da en los estados que adquieren por su cuenta, con dinero cuyo destino no tienen que justificar ante ninguna instancia y donde podría ubicarse la corrupción por falsificación de facturas. Aparte, están los recursos del Seguro Popular que deben comprobar plenamente.

Otro asunto ya identificado por las autoridades son prácticas de los proveedores para hacerse de los contratos del sector público, eliminar la competencia y lograr los precios más altos posibles. Ponerse de acuerdo en las tarifas y ausentarse de los concursos son acciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha puesto a indagar.

Por presunta colusión, el organismo inició en 2016 una demanda ante la Comisión Federal de Competencia (Cofece) para que se investigara a dos proveedoras de servicios integrales de laboratorios de análisis clínicos, bancos de sangre y procedimientos de mínima invasión. La indagatoria concluyó, anunció la presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios, aunque aún no se ha dado a conocer el dictamen.