El debate en torno a la propuesta de crear la Guardia Nacional, un cuerpo cuyo ADN sería fundamentalmente militar y del que no termina de quedar claro si se pretende que esté supeditado al poder civil, se ha polarizado –acaso artificialmente– en las últimas semanas, sobre todo a partir del endurecimiento de la oposición en el Senado de la República, donde el partido del Presidente no cuenta con los votos para hacer avanzar la propuesta.

Como se recordará, el presidente López Obrador dijo “no estar satisfecho” con el resultado final que su iniciativa tuvo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, particularmente debido a que se eliminó del proyecto original un artículo transitorio que permitiría mantener al Ejército en las calles en tanto se conforma la Guardia Nacional.

De hecho, la insistencia del titular del Ejecutivo respecto de la “necesidad” de aprobar dicho artículo es uno de los pocos puntos que realmente han avivado la polémica. El otro es la determinación de que el nuevo cuerpo de seguridad esté supeditado estrictamente a un mando civil.

Conviene decir al respecto que ninguna de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión se ha manifestado en contra de que sea creada la Guardia Nacional. De hecho, el dictamen respectivo fue aprobado por todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.

Lo que la oposición no quiere darle al Presidente –y parece tener buenas razones para ello– es la autorización para que se siga utilizando al Ejército en labores de seguridad pública sin que exista un plazo específico para ello, o permitir que en nuestro País se militarice las tareas policiales y de investigación de los delitos.

Y en esto han coincidido los especialistas que han desfilado ante los integrantes del Senado de la República durante el proceso de audiencia pública abierto para escuchar opiniones que, al menos en teoría, le sirvan a nuestros representantes populares para tomar una mejor decisión.

Pero no solamente los académicos y expertos de las organizaciones civiles han coincidido en la inconveniencia de militarizar la seguridad pública. También los representantes de organismos multilaterales como la ONU han hecho un llamado para que no se apruebe la creación de un cuerpo de seguridad “militarizado” en la forma que ha propuesto el Ejecutivo.

Así pues, las posturas encontradas son básicamente las de siempre: de un lado los gobernantes que aducen la “necesidad” de contar con un cuerpo donde lo militar prevalezca, pues de otra forma no es posible garantizar la eficacia del mismo en la realización de sus tareas y, del otro, los especialistas que advierten sobre la necesidad de asumir el reto de transformar de verdad el ejercicio del poder, y colocar en el centro de todas las políticas públicas el respeto a los derechos de las personas.

Al final, la polarización se antoja más bien artificial, pues ni el Presidente está dejando de obtener lo que esencialmente quiere (una Guardia Nacional con un núcleo militar), ni la oposición está tratando de aprovechar la oportunidad para “abollarle” el orgullo al mandatario, lo cual se antoja a un resultado más que normal en una democracia.