Uno de los derechos que el estado está obligado a garantizar a los ciudadanos -particularmente a los más vulnerables- es el derecho a la salud. Los mecanismos para lograrlo pueden ser modificados en el tiempo, pero en todo caso lo que importa es que el propósito final sea preservado.

El señalamiento anterior es importante a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al cierre, en el territorio de Coahuila, de nueve unidades médicas del programa IMSS- Bienestar como parte de las 300 que en diferentes zonas urbanas del país están siendo inhabilitadas.

De acuerdo con la información difundida, el cierre de las unidades médicas -que garantizaban el derecho a la salud de miles de personas- se debe a que los recursos con los cuales operaban han sido transferidos al programa de “Becas para el Bienestar de Educación Básica Benito Juárez”.

El titular del Seguro Social, Zoé Robledo, ha dicho al respecto que el cierre de las unidades “no afectará” la atención que se brinda a personas de escasos recursos, porque estas cuentan con el Seguro Popular.

La declaración del Director del IMSS tendría que tranquilizarnos pues se entendería que sólo estamos ante una modificación en la denominación de programas, pero que los derechos de las personas que se beneficiaban de uno, siguen a salvo en el otro.

Sin embargo, de acuerdo con documentos oficiales del IMSS, que han sido divulgados en las últimas horas, los recursos con los cuales se financiaba la operación de las clínicas urbanas citadas han sido transferidos a un programa cuyas finalidades son totalmente distintas y que atenderá a otras personas.

No se trata de cuestionar la pertinencia o validez de las nuevas finalidades a las cuales se destinarán los recursos, sino de poner el énfasis en lo importante: ls personas que se beneficiaban de la existencia de las clínicas perderán dicha posibilidad, es decir, la garantía de su derecho a la salud está en riesgo.

Y es que por más que Zoé Robledo afirme lo contrario, resulta muy difícil entender por qué las citadas clínicas fueron abiertas en primera instancia si las personas que acuden a ellas tenían otra alternativa para cuidar de su salud.

Por otro lado, debe señalarse que el programa de Becas “Benito Juárez” implica, como muchos de los actuales programas del nuevo gobierno, entregar dinero a los beneficiarios en lugar de ofrecerles servicios que les garantice el ejercicio de sus derechos.

En este sentido, los datos que se han ventilado respecto de este caso hacen recordar los términos en los cuales renunció el exdirector de la institución, Germán Martínez, y convocan a pensar que a este tipo “intromisiones” en el manejo del IMSS se refería cuando señaló a funcionarios de la Secretaría de Hacienda de imponerle decisiones al Instituto.

Los efectos reales de la decisión se irán notando rápidamente en el curso de las próximas semanas y la verdad quedará al descubierto. Por lo pronto lo que puede anticiparse es que muy difícilmente podrá sostenerse en el tiempo la afirmación de que cerrar 300 unidades médicas no afectará a nadie.

Lo que puede anticiparse es que muy difícilmente podrá sostenerse en el tiempo la afirmación de que cerrar 300 unidades médicas no afectará a nadie