Conflicto. El consejero electoral del INE, Lorenzo Córdova y Obrador se han enfrascado en una guerra de declaraciones desde hace varios meses. Cuartoscuro
Paradójicamente, las baterías del presidente López Obrador se centraron en descalificar primero al INE y después al TEPJF por negarle los registros al menos a 60 precandidatos de Morena

CDMX.- Hace casi un año, el 23 de junio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante el proceso electoral 2020-2021 denunciaría los delitos electorales, evitaría el fraude electoral y, de plano, se convertiría en el “guardián de las elecciones”.

La advertencia fue polémica por esos días, pero ahora que se ha materializado desde la segunda semana de mayo, ha detonado diversas acusaciones contra el Ejecutivo por intromisión en la contienda.

Tal como lo menciona el semanario Proceso, la discusión se ha centrado en dos principios importantes para una elección: el de autenticidad, por aquello de que los señalamientos e intervenciones del mandatario favorezcan o perjudiquen a candidatos, y el de libertad de voto, relacionado con el condicionamiento del voto a cambio de recursos, considera el investigador Jaime Cárdenas Gracia.

Con una medida cautelar emitida el 19 de abril último y un apercibimiento por desacato el 23 del mismo mes, emitidas por la Comisión de Quejas del INE, está en discusión la legalidad de la conducta presidencial en el proceso electoral.

“En su momento, lo que tienen que determinar (las autoridades electorales) es si se trata de una intromisión indebida (del presidente) o de un deber de denunciar aquello que sea constitutivo de delito. Ahí está el dilema jurídico”, explica Cárdenas Gracia en entrevista con Proceso.

El exconsejero electoral de 1996 a 2003 y ahora investigador de la UNAM, enfatiza el deber de denunciar que está contenido en el artículo 222, el párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Para Cárdenas, la conducta presidencial ni siquiera se trata de algo poco ortodozo.

Por su parte, Miguel Ángel Eraña Sánchez, investigador del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, coincide en que la posición presidencial es adecuada.

De hecho, abunda en el caso de Adrián de la Garza, pero también de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, entre otros, para destacar que el uso de programas sociales con fines electorales es equiparable a delincuencia organizada.

Desde aquella declaración del 23 de junio, el presidente de México expuso: “No es injerencia. Es sólo decir ¿cómo le va a entregar registros si no cumplió? ¿Cómo no te vas a dar cuenta de que ya rebasaron los topes de campaña y no vas a decir nada?

“Para que no haya fraude electoral me voy a convertir en guardián, para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso, nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude”.

Paradójicamente, las baterías del presidente López Obrador se centraron en descalificar primero al INE y después al TEPJF por negarle los registros al menos a 60 precandidatos de Morena, entre ellos a Félix Salgado Macedonio.

Desde entonces, las declaraciones del mandatario federal sobre el proceso electoral han sido controversiales, especialmente cuando el miércoles 5 al viernes 7 abordó el caso de Nuevo León, específicamente sobre De la Garza, que el lunes 10 escandalizó por la apertura de una carpeta de investigación en su contra, anunciada por la FGR, así como contra el candidato de MC, Samuel García. Con información de Proceso